INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

  • Francisco V. Caporiccio

Violencia contra la mujer: hablemos de femicidios y travesticidios

Para hablar de femicidios y transvesticidios es necesario y prevalente referirnos, como parada previa y obligada, a la violencia contra la mujer, uno de los determinantes presentes de su morbimortalidad.


Por César Antonio Yaya



La violencia sobre las mujeres, por su dimensión e intensidad, ha generado consecuencias en todos los ámbitos. Es un fenómeno que ocurre en todos los países, en todas las clases sociales; atraviesa a la sociedad en todos sus aspectos desde el punto de vista social, de salud, legal y político.


La Ley de Protección Integral a las Mujeres, en su artículo 4, define a la violencia contra las mujeres a "toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes" (Ley N.° 26485, 2009).


Toda la sociedad se encuentra sorprendida por el nivel de violencia en general. La cantidad de casos de violencia contra la mujer, un indicio determinante de los femicidios, es una consecuencia directa de esa conducta; una consecuencia que, estimo, no se modificará en el corto plazo y que, si no tomamos medidas, empeorará.


El reclamo de parar esta ola de violencia se dirige principalmente al Poder Judicial, que tiene un rol determinado por el ordenamiento legal. Es generalizada la percepción que su intervención es esencial para frenar los casos de femicidios o trasvesticidios, por ende la falta de cumplimiento de esas expectativas de quienes acuden al Poder Judicial como víctimas es percibida como una falta de justicia, negligencia o, lo que es peor, impunidad. El Poder Judicial no es una isla, y si bien tiene una función institucional, su composición, intervención y decisión naturalmente va a ser un espejo de la misma sociedad a la que pertenece.


Siendo abogado y desempeñándome, desde el año 2010, como juez penal en la provincia de Misiones, me permito hacer unas breves reflexiones sobre esta situación, a partir de las exigencias y reclamos de la sociedad desde mi rol como operador judicial.


¿Cuál es el rol del Poder Judicial? ¿De qué manera estos hechos ilícitos impactaron en la Justicia en su estructura orgánica o forma de gestionarlos? ¿Está en condiciones de responder eficazmente a las exigencias de la sociedad?


Los conflictos que se generan en la sociedad y hallan su solución dentro de ese ámbito no requieren la intervención del Poder Judicial. En cambio, aquellos que no pueden ser gestionados o satisfechos dan lugar a esa intervención judicial, que se manifiesta en el derecho de familia y en el derecho penal, a través de los juzgados de familia, de violencia familiar y juzgados penales. Esta diferenciación entre derecho de familia y derecho penal no solo es de vieja data. También significa un abordaje distinto de ambas ramas jurídicas ante un mismo conflicto. La modificación legislativa con la inclusión de la violencia familiar y la violencia contra la mujer cubre aspectos que no eran cubiertos por estas disciplinas.


Ahora bien, el Poder Judicial podrá establecer un sinfín de pautas de conductas, pero concretamente su intervención estará destinada a prevenir y sancionar. Y, a pesar de una legislación acorde y un correcto accionar, no podrá jamás determinar en el futuro el comportamiento de los individuos con relación a las mujeres o colectivos minoritarios. Las leyes o las decisiones judiciales no cambian las conductas de las personas. No obstante ello, se han creado en el ámbito de los poderes judiciales una serie de dependencias que se encargan específicamente de esta problemática, además de la respectiva legislación.


En la provincia de Misiones se ha creado el Juzgado de Violencia Familiar; la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha creado la Oficina de Violencia contra la Mujer; la mayoría de los Juzgados de Familia tienen una secretaría especial que atiende los conflictos de violencia contra la mujer y se dictaron protocolos de intervención para asistir a las víctimas. El abordaje y gestión de estos hechos se formaliza con profesionales especialmente capacitados, una infraesctructura de contención (viviendas o paradores temporarios), psicológos, el dictado de cursos de capacitación para los operadores judiciales intervengan con perspectiva de género, pero a pesar de ello no es suficiente.


Es decir, el Poder Judicial ha abordado en las distintas jurisdicciones, con avances y demoras la problemática de la violencia contra la mujer y su mayor consecuencia, el delito de femicidio, con una importante modificación en su estructura orgánica y modo de gestión.


Esta conclusión no es compartida con la sociedad en general, y menos con las víctimas. Tenemos la percepción que no alcanza y que las acciones que se desplegaron no cubren los reclamos. Esa percepción es corroborada por datos de la realidad, estadísticas duras que nos muestran la insuficiencia de la respuesta de este poder del Estado.


La visibilización tiene una relación inversa con la tolerancia social. Efectivamente, la sociedad pide de manera abierta que se acaben o se combatan de forma eficaz estos hechos de violencia; tanto la de los hombres hacia sus mujeres, como los maltratos sobre otros miembros del grupo familiar.


En esta línea de razonamiento, el trasvesticidio no ha logrado sortear el analfabetismo y la ignorancia con los que tratamos este tipo de crimen. En una sociedad que todavía no ha logrado visualizarlo, se encuentra en el mismo estadío que se encontraba el femicidio hace diez años. Constituye un fenómeno invisibilizado e inmerso en el ámbito de pequeñas organizaciones que representan estas minorías.


La violencia contra las mujeres tiene hondas raíces sociales y culturales. Si bien está vinculada mayoritariamente al desequilibrio en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, tiene también relación con un componente de dependencia económica que genera una relación de subordinación. Así, se nos dan los ejes sobre los que debemos trabajar con políticas públicas para superar esa brecha y generar condiciones de paridad.


Un programa tentativo sería establecer dos objetivos prioritarios. Por un lado, mejorar la respuesta del Poder Judicial frente a la violencia de género; por otro, conseguir un cambio en la sociedad en cuanto a la relación social y a los estereotipos.


Si consideramos que la violencia contra la mujer es el antecedente del femicidio, la prevención primaria es decir, cuando el conflicto no ha aparecido tiene en el Poder Judicial poco accionar. En cambio, con la presencia del conflicto, este poder debería intervenir buscando acciones que protejan a la víctima y un diagnostico, o valuación de riesgo, que nos permita perfilar o anticipar la posibilidad futura de un incremento en la violencia que termine en el hecho más grave. Una correcta valuación de riesgo permitiría direccionar todo el accionar del Estado, en el caso que se valúe como un riesgo extremo.


Esta respuesta es posible desarrollarla actualmente con mayor incidencia y precisión a través de exámenes o pericias psicológicas, cotejo de evidencia documental, perfilación de patrones de conducta. Con parámetros así, que le permitan a un equipo interdisciplinario dar un dictamen donde no solo califique el nivel de riesgo, sino también notificar a la víctima para que tome los recaudos debidos y se proveer los recursos tegnológicos (tobillera o pulsera electrónica al agresor y víctima, botón de pánico) para evitar la revinculación del agresor con su víctima.


También, es preciso una eficiente coordinación entre los distintos poderes del Estado, específicamente el Ejecutivo y el Judicial, para que las distintas agencias o dependencias ajusten sus acciones en favor de una acción conjunta.


Lógicamente, el monitoreo constante y la auditoría posterior es una forma de asegurar una respuesta eficiente, nos va a permitir ajustar los perfiles o patrones de conductas violentas.


Esa valuación de riesgo es el diagnóstico que debe poseer toda gestión de violencia contra la mujer y servir de antecedente para las restricciones de libertad, determinación de pautas de conductas, asistencia a las víctimas primarias y secundarias. También, debe servir como base de datos para un estudio de patrones de conducta que nos permita, en el futuro, perfilar; con esta ayuda de la ciencia podríamos entender por qué y cuales serían las acciones que deberíamos adoptar para prevenirlo.


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