INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Uribe Vélez: el hombre que ha dividido a Colombia

El expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez ha sido objeto de varias investigaciones en su contra y el pasado 4 de agosto la Corte Suprema de Justicia ha ordenado su detención domiciliaria por presuntos delitos de soborno y fraude procesal. La noticia ha polarizado al país, dado que todo el sistema política actual se resume entre el "uribismo" y la oposición. A su vez, ha situado a Colombia en el ojo de la opinión pública internacional, puesto que es la primera vez que una investigación en contra de Uribe llega tan lejos y es el primer exjefe de Estado Colombiano con medida de aseguramiento.


Por María Paula Castañeda Araque, corresponsal en Colombia

Álvaro Uribe Vélez (centro). Foto: César Melgarejo (El Tiempo)

Familia, carrera política y procesamientos

Antes de abordar los hechos de la investigación que hoy tienen a Uribe en primera página, es necesario hacer un recorrido por la carrera política de este controversial personaje. Este recorrido no puede desligarse de su procedencia, puesto que cada hecho en su vida está marcado por distintas acusaciones sobre narcotráfico y paramilitarismo.


Uribe nace el 4 de julio de 1952 en Medellín-Antioquia, hijo de Alberto Uribe Sierra y de Laura Vélez de Uribe. Su padre fue un ganadero y criador de caballos al cual se le relacionaba con Los Ochoa, fundadores del Cartel de narcotráfico de Medellín. En el libro Los jinetes de la cocaína, Fabio Castillo asegura que el padre del expresidente y senador fue detenido por narcotráfico para ser extraditado a Estados Unidos en 1982 pero que la intervención e influencia de su hijo lograron que el proceso no se diera. Alberto Uribe Sierra fue asesinado el 14 de junio de 1983 por el Frente 36 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según testimonios de su familia. Sin embargo, el exguerrillero Pablo Catatumbo Torres Victoria en una entrevista dada a la Revista Semana asegura que el padre de Uribe no fue asesinado por las FARC, porque en esa época no había presencia de esta guerrilla en esa zona, lo que deja inquietudes sobre lo que realmente sucedió.


Uribe menciona al asesinato de su padre como un episodio trascendental en su vida, a partir del cual nacen sus ideas de seguridad democrática y fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. No obstante, es necesario recordar que para ese año ya tenía un recorrido como funcionario público, pues se había desempeñado como jefe de bienes de las Empresas Públicas de Medellín en 1976, como secretario general del Ministerio del Trabajo en 1977 y como director de la Aeronáutica Civil entre 1980 y 1982. Además, en 1982 Uribe fue nombrado como alcalde de Medellín, puesto que ocupó durante 5 meses. A partir de la muerte de su padre, Uribe fue concejal entre 1984 y 1986. Luego se posicionó como senador hasta 1994 para finalmente llegar al puesto de gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997.


Es crucial mencionar la presunta relación que tuvo con los paramilitares durante su gobernación, quienes perpetraron dolorosas masacres en Colombia como las de La Granja y El Aro. Se le investiga por tener vínculos con estos grupos armados al margen de la ley, proceso que sigue su curso en la Corte Suprema de Justicia. Además, Uribe fue un defensor de las llamadas Convivir, cooperativas de vigilancia y seguridad privada integradas por población civil y militares para combatir a la guerrilla en zonas agrarias. Como gobernador, fue el responsable de autorizar 60 de estas cooperativas. Cabe mencionar que la existencia de estos grupos paramilitares es contraria a los principios de Derechos Humanos y resolución de conflictos: no solo intensificó el conflicto armado en el país y continuó cobrándose sangre inocente, sino que ayudó a naturalizar aún más la creencia de que un delito solo es delito dependiendo de quién lo cometa.


Continuando el recorrido político de Uribe, llegamos a los dos períodos presidenciales que ocupó entre 2002-2006 y 2006-2010. Durante esta etapa, el uribismo se hizo eco del impacto de la implementación de los principios de seguridad democrática a través de su estrategia militar de combatir a las guerrillas, logrando afectar las estructuras de estos grupos y atraer inversión extranjera. Aunque esto le ganó seguidores y cierta población campesina lo ha apoyado, otros aseguran que el conflicto fue aún peor. En definitiva, los civiles quedaban en el medio de enfrentamientos entre los grupos del Estado y las guerrillas, por lo que podemos decir que no fue el método correcto.


Como parte de la política de seguridad democrática implementada durante este gobierno, se han llevado a cabo interceptaciones y seguimientos ilegales a defensores de derechos humanos, organizaciones internacionales, dirigentes políticos y periodistas. En el caso conocido como Las Chuzadas fueron condenados diversos funcionarios. Entre ellos, Jorge Aurelio Noguera Cotes, director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante primer periodo presidencial de Uribe, fue condenado por homicidio, concierto para delinquir agravado, revelación de asuntos sometidos a reserva, y falsedad por destrucción y ocultamiento de pruebas. Sin embargo, Uribe niega haber participado en estas interceptaciones y asegura que ha actuado de acuerdo a la ley.


Además del caso de Las Chuzadas, Uribe tiene otros 270 procesos abiertos por delitos graves, según la Misión de Observación Electoral (MOE). Entre ellas, se encuentra la causa de Agro Ingreso Seguro, la entrega de notarías para la aprobación de reelección en el Congreso y por nexos con paramilitares. Este número es solo del período 1991-2013, por lo que los procesos tuvieron que haber aumentado desde entonces.


Sumado a todo lo descrito anteriormente, su hermano Santiago Uribe se encuentra en juicio, acusado de dirigir el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles e investigado por delitos como concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Su fallecido hermano menor, Jaime Alberto Uribe, ha sido relacionado sentimentalmente con Dolly Cifuentes Villa, extraditada a Estados Unidos y condenada por narcotráfico y lavado de activos en sociedad con el Chapo Guzmán. Producto de esa relación nació Ana María Uribe Cifuentes, sobrina de Álvaro Uribe, que también está acusada de narcotráfico como parte Clan Villa, una familia de narcotraficantes que tenían negocios con el Chapo. El expresidente Uribe alegó que se trataba de calumnias y negó conocerlas o que fueran parte de su familia, ya que su hermano tenía una esposa y dos hijos.


No solo Uribe y su familia han sido relacionados con el Cartel de Medellín y el narcotráfico, sino que muchos funcionarios públicos que desempeñaron cargos importantes en su mandato hoy están condenados por diferentes delitos. Por ejemplo, Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura fue condenado en el caso Agro Ingreso Seguro. El general Flavio Buitrago, exjefe de seguridad de Uribe, fue condenado por enriquecimiento ilícito. El general Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de Uribe, fue condenado por favorecer el narcotráfico de grupos paramilitares y es investigado por desaparición de defensores de derechos humanos. Por el caso de Las Chuzadas fueron condenados también María Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, Jorge Noguera, exdirector del DAS y Bernardo Moreno, exsecretario general de la Presidencia. Finalmente, Diego Palacio, exministro de Protección, fue condenado por el caso de Yidispolítica: la compra de votos para poder aprobar el proyecto de reforma constitucional que permitió que Uribe aspirara a un segundo periodo presidencial.


Uribe fue sucedido en la presidencia por Juan Manuel Santos (2010-2018), de quien fue oposición. En 2014 Uribe creó su partido político, el Centro Democrático, caracterizado por estar en contra del proceso de paz, siendo la voz del NO en el plebiscito por la paz, y detractores de la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Hoy el Centro Democrático es el partido del gobierno de Colombia de la mano de Iván Duque Márquez, quien pudo llegar a la presidencia gracias a la gran influencia que Uribe, su padrino político, tiene en el país. Uribe continúa su carrera política habiendo sido electo en 2018 como senador con la mayor cantidad de votos.

Detención Domiciliaria: Investigación paso a paso

El 4 de agosto del 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del Uribe a raíz de una investigación por presunta manipulación de testigos. Este caso ha sido un boomerang, dado que se había iniciado como una denuncia por parte de Uribe contra el senador Iván Cepeda, acusándolo de manipulación de testigos en su contra. Sin embargo, la investigación dio un giro que nos lleva a que hoy el denunciante termine siendo el investigado.


El punto de partida fue en febrero de 2012, cuando el senador Cepeda promovió un debate de control político sobre paramilitarismo y realizó acusaciones contra Uribe, trayendo a la memoria el proceso judicial del hermano del expresidente, Santiago Uribe, y asegurando que la familia Uribe tenía nexos con los paramilitares, citando específicamente al grupo Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Después de esto, Uribe denunció judicialmente a Cepeda, asegurando que estaba manipulando testigos para que declararan falsamente que el expresidente tenía nexos con los paramilitares. Esta investigación llegó hasta el 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró que después de seis años no había encontrado pruebas de las acusaciones contra el senador Cepeda.


Sin embargo, investigando a Iván Cepeda, la Corte había encontrado pruebas en contra del denunciante. Es allí cuando el proceso dio un giro, pues meses después la misma Corte decidió investigar a Uribe y al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada por los delitos de soborno en actuación procesal y fraude procesal. Uribe fue llamado a rendir indagatoria el 8 de octubre de 2019 y el proceso siguió su curso hasta la reciente medida de aseguramiento de prisión domiciliaria, con el fin de evitar que riesgos de la obstrucción de la justicia. No obstante, aún no hay una sentencia de condena y falta mucho por dictaminar si Uribe es culpable o no de lo que se lo investiga.


Aparte del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y del representante Álvaro Hernán Prada, hay más implicados en la investigación: el abogado de Uribe, Diego Cadena, fue imputado por ofrecer dinero al exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez, que se encuentra preso, y por ofrecerle asesoría jurídica a Juan Guillermo Monsalve, otro exparamilitar también preso. Este último es un testigo clave en el proceso, pues asegura que el abogado de Uribe lo presionó para que cambiara su versión e involucrara al senador Iván Cepeda como presunto manipulador de testigos en contra de Uribe. Otro testigo clave es Pablo Hernán Sierra, exjefe del frente Cacique Pipintá de las AUC, quien asegura que el expresidente Uribe y su hermano Santiago son los creadores del Bloque Metro de las AUC en el Departamento de Antioquia. Además, Eurídice Cortés Velasco, exjefe político de las AUC, también asegura haber sido sobornado por el abogado Diego Cadena.


Este caso, al igual que la historia política de Colombia, parece una novela de narcotraficantes y grupos armados al margen de la ley, que sin duda alguna solo han perpetuado la violencia en este país.

Opinión Pública

La manifestación de la ciudadanía respecto a la detención domiciliaria de Uribe no se hizo esperar, con opiniones tanto a favor como en contra. En Medellín y en Bogotá hubieron cacerolazos y caravanas. Muchos piensan que esto es un gran avance para volver a confiar en la justicia colombiana. Otros creen que es show mediático y que el proceso va a terminar en nada como muchas de las investigaciones que Uribe tiene en contra: la justicia colombiana ha perdido confiabilidad por la dilatación y negligencia de sus procesos y la falta de garantía cuando se investiga delitos por parte de las elites políticas. De cualquier modo, el proceso seguirá en el ojo público, al menos hasta que haya un fallo.

Posibles consecuencias políticas

Como se ha venido demostrando a lo largo de la nota, Uribe es un personaje que logra polarizar al país y lo que acontece en su vida tiene un impacto en todo el territorio colombiano. Una muestra de ello es la postura que han tenido los integrantes de su partido político ante esta situación: no dudaron en salir a defender al expresidente que los ha sostenido políticamente en los cargos que hoy desempeñan. Incluso el presidente Duque no tuvo reparo en apoyar a Uribe, dando un discurso muy personal y desacreditando diplomáticamente el accionar de la Corte Suprema de Justicia, mediante comparaciones con otros procesos judiciales con grupos al margen de la ley como las FARC.


En este contexto, el Centro Democrático, a través de la senadora Paloma Valencia, volvió a proponer la vieja idea de una Asamblea Nacional Constituyente para crear una Corte única en Colombia y eliminar la Jurisdicción para la Paz, que ellos abiertamente siempre han rechazado, alegando que es una herramienta que genera impunidad. Sin embargo, esta propuesta parece más un desacuerdo ante una herramienta que podría seguir revelando no solo el accionar de las guerrillas sino de los grupos paramilitares que por años han tenido un apoyo de las élites políticas colombianas, quienes actúan como si la violencia solo pesara dependiendo del actor armado que la ocasiona. Como si la violencia tuviera justificación alguna.


Varios partidos políticos manifestaron no estar de acuerdo con una Constituyente, porque es un proceso muy amplio que implica involucrar a la totalidad de la población Colombiana para modificar la Constitución política o bien elaborar una nueva. En particular, el presidente Duque manifestó que la justicia necesita una modificación pero que el proceso debería ser más corto y por otros mecanismos, frente a lo cual coincidieron diferentes sectores políticos.


Si bien el tema de una Constituyente no es nuevo, que vuelva a estar en primera página a raíz del disgusto del partido político del hoy investigado Álvaro Uribe Vélez demuestra una vez más cómo peligra la poca democracia que hay en Colombia: simplemente porque se ven amenazados los intereses de una clase política manejada por un hombre que se abrió camino en la arena pública colombiana a pesar de que durante todo su recorrido tuvo presuntos vínculos con la ilegalidad.


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