INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Un nuevo camino hacia la Ley

El pasado 28 de mayo se presentó por octava vez el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de la Nación, de la mano de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La presentación del proyecto estuvo acompañada por una movilización que apoyó la importancia de esta ley.


Por Nayla Procopio

En el 2018 se sintió fuertemente la presencia de mujeres y personas gestantes unidas militando frente al Congreso de la Nación, y en todo el país, la importancia de que el aborto legal, seguro y gratuito sea un derecho humano. Muchas fueron las opiniones y debates que se escucharon en los meses anteriores a la votación, algunas en contra de los derechos de las personas gestantes, y otras a favor de que el Estado garantice el poder de decisión sobre nuestros propios cuerpos y reproducción. Finalmente, nuestros representantes definieron que seguirían vulnerando nuestros derechos oponiéndose a la legalización del aborto. Pero el movimiento de mujeres y personas gestantes nunca se fue, y este año, una vez más volvimos a las calles al grito de “Aborto legal”, presentando y apoyando por octava vez el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso.


El proyecto se presentó el 28 de mayo, en el marco del Día de Acción por la Salud de las Mujeres, fecha que desde hace 32 años representa la lucha por los derechos de las mujeres especialmente en torno a reafirmar los derechos vinculados al embarazo, parto y puerperio, por la importancia que esto tiene respecto a la salud y la vida de las mujeres, denunciando las altas tasas de morbilidad y mortalidad materna y exigiendo políticas y legislaciones adecuadas para enfrentar esta realidad. Las muertes a causa de la gestación eran y continúan siendo uno de los indicadores de la inequidad de género en salud, afectando mayoritariamente a mujeres de países en desarrollo, para quienes muchas veces gestar implica un riesgo para su salud y su vida.


Las diferencias económicas con respecto a este tema marcan grandes brechas a nivel mundial, en donde se puede ver que los países más desarrollados no dudan en el aborto como un derecho, mientras que aquellos que se encuentran en vías de desarrollo siguen luchando para que este derecho sea una realidad. Según la OMS, se estima que cada año se realizan 22 millones de abortos en forma insegura, y casi todos los abortos inseguros (98 %) se producen en países en vías de desarrollo, lo que produce la muerte de alrededor de 47.000 mujeres, y discapacidades en otras 5 millones de mujeres.


A su vez, afirma que la mayoría de los abortos que se realizan en Europa occidental y septentrional así como en América del Norte son seguros. Estas regiones también tienen las tasas de aborto más bajas y cuentan con leyes relativamente permisivas sobre el aborto, altos niveles de uso de anticonceptivos, desarrollo económico e igualdad de género, y servicios sanitarios de alta calidad. La mayoría de abortos inseguros (97%) se producen en países en desarrollo de África, Asia y América Latina.


¿Cuál es la situación de Argentina con respecto al Aborto?


Según el actual Secretario de Salud de la Nación, se estima que en nuestro país se realizan entre 370.000 y 520.000 abortos por año. Esto equivale a más de 1 aborto cada 2 nacimientos. Y representa que un gran porcentaje de personas gestantes ponen en riesgo su vida para poder decidir. En nuestro país, desde 1921, en nuestro Código Penal, se contempló la posibilidad de abortar sin ser penalizadas en tres casos: riesgo para la vida, riesgo para la salud, y en casos de violación. Esto significa que el aborto como práctica es legal desde hace 98 años, siendo ratificado en el año 2012 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del famoso fallo FAL, en el cual se reafirmaba que el aborto debía practicarse de manera segura en los casos contemplados por la ley. A su vez, en el año 2015 el Ministerio de Salud de la Nación realizó un Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo que establece lineamientos para los equipos de salud para poder garantizar una atención de calidad a las personas en condiciones de acceder a este derecho. Sin embargo, del dicho al hecho hay un largo trecho, y este caso no es la excepción.


A pesar de contar con las causales desde hace años, las personas gestantes seguimos enfrentándonos a obstáculos para hacer efectivos nuestros derechos. Tal fue el caso de una nena de 12 años en Jujuy, y de 11 en Tucumán a las que les vulneraron su derecho a la ILE. Estos casos, salieron a la luz y fueron acompañados por el movimiento de mujeres, pero están dentro de muchos otros que suceden a diario y que quedan invisibilizados. El derecho al aborto es fundamental para garantizar que niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes puedan decidir y no sean avasalladas por un sistema que oprime y domina la libertad, incluso en los casos de riesgo contemplados por la ley.


Durante los debates del año pasado, se ha hecho mención reiteradas veces a velar por los Derechos del Niño por nacer, oponiéndose al aborto por el afán de defenderlos. Pero no nos dejemos engañar, ¿impedir un aborto es velar por los derechos del niño? Desde 1994, con la reforma de la Constitución, el Estado Argentino les da carácter institucional a diferentes Convenciones de Derechos Humanos. En este contexto, en el 2010 el Comité encargado de supervisar la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño ha observado a la Argentina recomendándole que “despenalice el aborto para que las niñas puedan, en condiciones seguras, abortar y ser atendidas tras hacerlo”. A su vez, en sus recomendaciones finales al gobierno argentino, el primero de junio de 2018 recomendó “asegurar el acceso al aborto seguro y servicios de cuidados post aborto para las adolescentes, asegurando que sus puntos de vista sean siempre escuchados y se les dé suficiente consideración como parte del proceso de toma de decisión”.


Al mismo tiempo la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), afirma el derecho de las mujeres a la elección reproductiva garantizando los derechos "a decidir libre y responsablemente sobre el número y el espaciamiento de sus hijos y a tener acceso a la información, la educación y los medios para permitirles ejercer estos derechos". Por otro lado, el Comité de Derechos económicos, sociales y culturales, en el 2016 dictaminó que “se respete el derecho de las mujeres a adoptar decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva”. El Comité de Derechos Humanos también expresó su preocupación, y en el 2018 dijo que “es preocupante los obstáculos que siguen restringiendo la accesibilidad de los abortos ya legales en Argentina”. Por lo cual, los organismos internacionales apoyan el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo como un derecho humano fundamental, instando al Estado Argentino a garantizar la salud integral de mujeres, adolescentes, niñas y personas gestantes.


¿En qué consiste el proyecto de ley presentado?


Esta ley garantiza a toda mujer o persona gestante, todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los Tratados de Derechos Humanos ratificados por la República Argentina, en especial, los derechos sexuales y reproductivos, a la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la educación, la integridad, la diversidad corporal, la identidad de género, la diversidad étnico cultural, la intimidad, la igualdad real de oportunidades, la no discriminación y a una vida libre de violencias. Por lo tanto, en ejercicio de sus derechos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar, tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas, inclusive, del proceso gestacional.


Más allá del plazo establecido, seguirá rigiendo el aborto legal bajo las tres causales de riesgo de vida, salud y en casos de violación, en un plazo máximo de cinco días desde su requerimiento, y garantizándole una atención integral dentro del sistema de salud, y sin necesidad de presentar autorización judicial. La ley además establece que el Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.


El contenido curricular sobre aborto debe ser enseñado como un derecho de las mujeres y personas gestantes, a través de contenidos científicos, laicos, confiables, actualizados y con perspectiva de género que puedan fortalecer su autonomía. Deberán además capacitar en servicio sobre perspectiva de género y diversidad sexual a todos/as los/as docentes y a los/as profesionales y otros/as trabajadores/as de la salud a fin de brindar atención, contención y seguimiento adecuados a quienes deseen realizar una interrupción voluntaria del embarazo, así como a todos/as los/as funcionarios/as públicos/as que actúen en dichos procesos.


La interrupción voluntaria del embarazo representa una conquista de los derechos de las mujeres y personas gestantes, y un paso más en la igualdad de género. Somos nosotras las que sufrimos a diario las asimetrías de poder y los obstáculos para alcanzar nuestros derechos de manera plena y en equidad de condiciones. Muchas son las excusas que escuchamos, pero pocas las soluciones que se ofrecen y las políticas públicas que se implementan. Una vez más, somos nosotras las que copamos las calles con firmeza y sororidad para exigir el aborto legal, seguro y gratuito. Muchas son las causas por las que se puede producir un embarazo, y que casualidad que muchas estén ligadas a las violencias que sufrimos a diario. No se trata solo de garantizar una interrupción de un embarazo no deseado, que ya es un montón, sino que se trata de respetar nuestras decisiones, de romper con los mandatos sociales patriarcales que entienden a las mujeres como madres, y de darnos libertad para actuar conforme a nuestras convicciones y deseos.


La revolución es feminista, y el aborto será ley.


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