INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Trabajo infantil en Argentina: un problema sin fin

En la República Argentina, así como en gran parte de los países del mundo, hay una problemática de larga data: el trabajo infantil y adolescente. A pesar de ser de público conocimiento, y una realidad innegable, las declaraciones respecto a los derechos que tienen los menores y los consecuentes intentos por erradicar su trabajo son muy recientes.


Por David Bocero Ferreira

Crédito: Pawel Kuczynski

El primer texto que reconoce la existencia de derechos específicos para los menores es la Declaración sobre los Derechos del Niño, de 1924. Tras la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU, en 1959 se firmó la Declaración de los Derechos del Niño que ampliaba y modernizaba lo expresado treinta años atrás. Pero ambos documentos no van más allá de lo que su nombre indica: son declaraciones que informan sobre lo derechos pero que en sí no estipulan formas de ratificarlos. Esa ampliación final llegaría recién en el año 1989 con la Convención sobre los Derechos del Niño, a través de la cual todos los países que la firmaron se comprometieron a cumplir sus estatutos. La Argentina firmó y ratificó tal convenio un año después.


Para comprender los motivos que impulsaron a llevar adelante estas tres declaraciones es necesario recorrer un poco la historia del trabajo infantil. No basta solo con explicar que la educación, el ocio y demás son derechos de los niños y que, por lo tanto, el trabajo los vulnera. Debemos entender cómo y por qué surgieron estos argumentos, y en qué momento y a partir de qué sucesos fue que la humanidad, en un solo siglo, se percató de que los menores tienen condiciones y derechos específicos.


Mi objetivo es realizar un breve recorrido por el trabajo adolescente e infantil en la Argentina y la evolución con el paso del tiempo del “problema” de los menores. Así, al llegar a la actualidad, revisaremos en qué cosas se diferencia de principios del siglo XX y en cuáles la situación sigue siendo igual.


En 1904, durante la última presidencia de Julio Argentino Roca, el Ministro del Interior Joaquín V. González le encomendó al médico y abogado Juan Bialet Massé la realización de un informe que recogiera las condiciones laborales de la población argentina a lo largo y ancho del país. El objetivo era empezar a planear lo que a futuro serían las leyes de trabajo. Bialet Massé recorrió el país entero, observando y tomando testimonios hasta completar un extenso informe de tres tomos. En medio de tanto viaje, la cuestión de los niños, si bien no era prioritaria como objetivo del informe, afloró más de una vez en la indignación del médico que construyó su trabajo más como un documento de denuncia que como un simple relato descriptivo. De hecho, el vigésimo capítulo de su obra está dedicado a la situación de las mujeres y los niños. De manera contundente, comienza:


“En esta materia, yo mismo he calificado de sensibles y de líricos a muchos escritores que se han ocupado de ella; pero después de haber tocado y palpado lo que sucede en el trabajo de la mujer y del niño, creo firmemente que no hay exageración posible; el dilema me parece ineludible: o se lleva en el alma la honradez y la ciencia para juzgar, y entonces se reprueban los abusos con la justicia que merecen; o se tiene la dureza del explotador o su ignorancia, para no apercibirse de los hechos y de sus consecuencias; no caben transacciones, ni términos medios; es algo más que materia de orden público, es materia de humanidad, de vida o muerte de los pueblos y de las razas” (Bialet Massé, 1985, p. 355, II).

En aquella época, el trabajo infantil era normal. En los centros urbanos, los menores podían ejercer trabajos callejeros, como los llamados “canillitas” o lustrabotas, o bien servir como mano de obra en las industrias. Ejercían trabajos de gran peligro y daño físico. Según Massé, se les pagaba de igual manera que a la mujer (“salarios de la mitad, la tercera, cuarta y quinta parte que a un hombre”), con jornadas laborales abusivas que podían llegar a incluir turnos nocturnos que los hombres no realizaban.


Si esto era así en centros urbanos como Buenos Aires, la situación empeoraba radicalmente en el interior, especialmente desde el centro hacia el norte. Allí, los niños trabajaban de manera habitual en el campo sin ni siquiera completar su educación primaria, a pesar de que era una opción en varias provincias. Massé, como médico, comenta las malformaciones que sufrían los menores sometidos al trabajo agreste:


“El examen de los niños empleados en este oficio y otros semejantes me ha convencido de que estaba en error. En Chilecito y Famatina, los de los Valles Calchaquíes y muchos en Córdoba, son chuecos; es decir, tienen las piernas arqueadas en extremo, las cabezas de los fémures muy desarrolladas, las rodillas muy poco, especialmente las rótulas, los muslos y las pantorrillas muy flacos y las nalgas enjutas y deformes, efectos naturales de la posición y las presiones sobre las monturas” (Bialet Massé, 1985, p. 364, II).


Con respecto a las niñas, en muchos casos las malformaciones se debían al trabajo de planchadora, que incluso podía deformar completamente la espalda de mujeres adultas. Este trabajo se realizaba con las temperaturas abrasadoras del norte argentino, sumadas a los intensos vapores de las pesadas máquinas. Además, Bialet Massé menciona al trabajo de lavandera, tan extendido y muy mal pago, como una gran fuente de enfermedades. Al juntar las ropas de enfermos, de tuberculosis u otras afecciones con las ropas de sanos, y las de las propias trabajadoras, extendían las enfermedades más que cualquier otro empleo.


Otros lugares de trabajo en los que Massé observó la presencia de niños fueron los talleres, los cultivos, las oficinas telefónicas y las criadas en casas particulares. En general, estaban presentes en cualquier rubro que consistiera en ayudar a los padres y a las madres a sobrevivir con miserables pagos que apenas cubrían su alimentación.

Ante todo esto, Bialet Massé concluye su análisis de la situación de mujeres y niños con una sólida demanda: la edad mínima para el trabajo debía ser 15 años. Los niños hasta los 12 años no debían hacer otra cosa que ir a la escuela y, en caso de que no tuvieran esa opción, “jugar a las bolitas o ayudar a la madre”.


Ya en su época, este médico destacaba como irrefutable e irreemplazable la prioridad de los jóvenes de estudiar y aprender, mínimamente, a leer y escribir, antes de pensar en trabajos de esfuerzo físico. Aún así, reconocía que a veces era completamente necesario que los niños ayudasen a la economía hogareña y por ello pedía jornadas laborales racionales.


La primera ley sobre el trabajo de mujeres y menores, la Ley N.° 5291, llegaría en 1907 de mano del diputado socialista Alfredo Palacios. Allí, se estipulaba que los menores de diez años y todo joven mayor de esa edad que no hubiera terminado la educación primaria no podían ser sujetos de un contrato laboral. También, prohibía el empleo de menores de 16 años en industrias peligrosas e insalubres. Más allá del avance que esta ley suponía, tenía algunas falencias: por ejemplo, no regulaba el trabajo en la vía pública, ni la propiedad rural, ni los domicilios particulares. De esta manera, la ley se modificó en 1924 (año de la primera Declaración Internacional de los Derechos de los Menores) y se aumentó la edad mínima a 12 años para todos los ámbitos —rurales y urbanos— y a 18 años la prohibición para industrias peligrosas.


En aquella época, contrario a lo que podría suponerse, el menor de edad era para el Estado una carga moral más que un sujeto de derecho. Explotar niños iba en contra de todos los valores cristianos, pero, a su vez, tenerlos en las calles era motivo de preocupación. Muchos políticos, como el doctor Luis Agote, relacionaban el problema de la delincuencia directamente con los niños pobres. De él, y de los contemporáneos que lo apoyaron, salió la Ley de Patronato de Menores, que ponía en manos del Estado la vida de los menores que no trabajaban ni estaban resguardados por el sistema escolar.


La situación laboral de los jóvenes no cambiaría hasta la llegada del peronismo al poder, que buscó instruir a la clase obrera. Aumentó el alcance de la escolaridad y se crearon las famosas escuelas técnicas, con largas jornadas de estudio que incluían oficios enseñados de manera tal que no fuesen una carga física corrosiva. Según datos del Ministerio de Trabajo publicados en un fascículo de 2012, durante este período el trabajo infantil en centros urbanos disminuyó y quedó prácticamente concentrado en zonas rurales. Sin embargo, esta sería la última vez que habría una política estatal destinada específicamente a llevar la escuela a los trabajadores.

Según datos de la citada publicación, de allí en adelante, con las diferentes dictaduras y con el regreso de la democracia, se llevó adelante, de forma paulatina, un proceso de desregulación del trabajo. Esto hizo que cuando la Argentina ratificó la Convención de los Derechos del Niño el trabajo infantil estuviese en alza. De todas maneras, la Convención se tomó, y fue incorporada a la Constitución Nacional y, por ende, el trabajo infantil, en todas sus formas, quedó prohibido por ley.


Y así llegamos a la actualidad. Hoy podemos ver que poco ha cambiado aquello que se inició con el trabajo del doctor Bialet Massé. Los niños siguen siendo mano de obra considerable del sector agropecuario y es bastante el trabajo de jóvenes en centros urbanos. Prueba de ello son diferentes estudios antropológicos que dan cuenta de las varias formas que toma esta problemática a lo largo y ancho del país. Mencionamos algunos de ellos a continuación.


Laura Frasco Zuker (2016), profesora de Ciencias Antropológicas de la UBA, relata la experiencia de tres familias del municipio de Colonia Wanda, en Misiones. En ellas, todos los jóvenes deben salir a trabajar en minas de extracción de gemas y en cultivos de yerba mate. En cuanto a la escuela, el dato esperanzador es que sus madres, para las cuales el estudiar y trabajar fue completamente incompatible, les insisten para que no dejen sus estudios. La asistencia escolar es buena a pesar de las dificultades que conllevan las largas jornadas laborales a la hora de estudiar. Con mayores o menores dificultades, los niños de esa comunidad alcanzan a superar el nivel primario.


Otro estudio sobre el norte argentino, concretamente en Salta, es el de Marcelo Jorge Navarro, de la Universidad de Salta, y Daniela Sánchez Enrique, de la Universidad de Quilmes (2019). Ellos analizan la situación de una provincia donde el 60% de las escuelas son rurales y la economía de las familias que componen esas comunidades escolares está enteramente sostenida por las actividades agrícolas que allí se desarrollan. En este estudio, se plantea una pregunta muy interesante: ¿hasta qué punto el hecho de que los niños trabajen para ayudar a sus familias es, verdaderamente, un aporte para superar la pobreza estructural de esos núcleos familiares? ¿Hasta qué punto no es, en realidad, una forma de reproducir el ciclo de pobreza heredada, al no permitir que los niños alcancen trabajos calificados con títulos secundarios, terciarios o universitarios?

Por último, cabe destacar el trabajo de María Eugenia Rausky, Javier Santos, María Laura Peiró y María Laura Crego (2016), de la Universidad Nacional de La Plata, sobre el trabajo adolescente en el núcleo urbano de la ciudad de La Plata. En base a datos extraídos de censos, consiguen revelar —entre otros datos— que el 16,8% de quienes en 2012 tenían entre 16 y 17 años habían realizado durante esa época alguna actividad económica, lo que se traduce en 225 mil adolescentes que trabajaban en aquel entonces. A partir de esto, analizan en detalle la composición de ese sector infanto-juvenil trabajador.


Ante todo esto, podemos hacer una conclusión clave. Si bien la educación es un derecho y abre puertas —no solo a la realización personal, sino al mundo laboral—, vivimos en un mundo, y particularmente en un país, donde estudiar es una inversión a muy largo plazo, cuando hay quienes que, para subsistir, necesitan frutos al instante. Si bien es verdad que hoy en día es más fácil ir a la escuela gracias al sistema de educación pública y gratuita, son pocas las personas que pueden terminar todo el ciclo obligatorio —y muchos menos las que lo pueden hacer comprendiendo correctamente todos los contenidos—. Para muchos jóvenes, es más útil aprender oficios y otras formas de ganarse la vida, sea en el campo o en la ciudad, que conocimientos académicos poco prácticos para su realidad.


La problemática educativa es más profunda. No solo hay que hacer que los alumnos comprendan los contenidos, sino que también hay que convencerlos de que estos son verdaderamente útiles y que seguir estudiando es vital para el sistema capitalista en el que vivimos. Es la única manera de la cual disponemos para romper con el ciclo de pobreza heredada. En nuestra realidad, hacer cumplir un derecho humano excede a la mera sanción de una ley o normativa. Se necesitan acciones contundentes que se contradigan con los intereses de muchas personas, no solo de los grandes productores que avalan el trabajo infantil, sino también de las pequeñas familias que están convencidas de que el trabajo dignifica más de que lo que perjudica. Es un debate que nos debemos como sociedad, para el cual debemos primeramente dejar de normalizar algo que está claro que no es sano para nadie.


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