INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

  • Francisco V. Caporiccio

¿Rebelión fiscal o impuesto a las grandes fortunas?

La extracción de recursos de la sociedad para financiar al Estado es uno de los principales debates en el mundo. El presente artículo busca discutir el principal proyecto de cada facción, la llamada “rebelión fiscal” y el impuesto a las grandes fortunas.


Por Nicolás B. Martín


Existe un grupo de personas que considera que la presión fiscal es excesiva, que la provisión de bienes públicos por parte del Estado no es equitativa y entienden que los impuestos a las transacciones o actividades son altamente distorsivos para un desarrollo saludable de la economía nacional. Al mismo tiempo, existe otro grupo de personas que considera que el sistema impositivo debería ejercer más presión sobre las grandes fortunas para asegurar una redistribución del ingreso y financiar las diferentes herramientas que el Estado brinda a los quintiles de bajos ingresos, como el seguro de desempleo.


Según el informe de la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), la Argentina se encuentra en el tercer lugar con mayor presión fiscal como porcentaje del PBI[1], alcanzando el 31,3% solo por debajo de Brasil (32,2%) y Cuba (41,7%). Frente a estos datos, muchos agentes económicos privados cuestionan las políticas del gobierno central y llaman a una “rebelión fiscal”. La misma consistiría, principalmente, en que aquellos que deben abonar impuestos a las actividades (por ejemplo, trabajo) dejen de hacerlo. Esto provocaría una caída brutal en los ingresos estatales, y, por lo tanto, un aumento del déficit estructural.


Sin buscar discutir la moralidad de dicho acto, voy a atribuir un argumento al análisis de porqué dicho movimiento colectivo (no pagar impuestos) tiene poca probabilidad de efectuarse. Según Mancur Olson [2], al contrario de lo que universalmente se presuponía, los grupos sociales tienden a presentar dificultades para organizarse en pos de un fin común. El autor plantea que los individuos actúan racionalmente en búsqueda de su bienestar personal, en otras palabras, la alternativa que presenta mayor utilidad. Dicha teoría podría ser aplicada al debate sobre contribuyentes que estamos teniendo, ya que, se podrían ordenar las acciones y los resultados en fin de la utilidad que presentan, y llegando al resultado, podríamos ver que la acción racional para cualquier contribuyente es continuar en el statu quo.


Supongamos que agrupamos a todos los contribuyentes que están en contra del sistema impositivo actual. Por lógica racional, su utilidad aumentaría en pos de que los impuestos sobre las actividades que realizan caigan. Frente a este cuadro de situación, dichos contribuyentes pueden optar por continuar pagando impuestos o, por el contrario, sumarse a la llamada “rebelión fiscal”. En el mejor escenario, si todos los contribuyentes no pagan el impuesto, y el Estado considera su reclamo justo, reducirá los impuestos y reestructurará las tasas en falta de nuestros actores. No obstante, si el reclamo no ostenta la suficiente fuerza como para presionar al gobierno, y este ultimo sigue firme en su decisión, los contribuyentes estarán en una situación con menor utilidad que la inicial, ya que, no solo la presión fiscal mantendrá su nivel, sino también, el contribuyente presentará una deuda con el Estado que podría presuponer intereses (mayor costo). Analizando el escenario presentado, podríamos observar que la mayor utilidad para el individuo se da cuando se elige el camino de la reducción (obtener el premio) minimizando los riesgos. Por lo tanto, lo que esperaríamos que ocurra, es que los contribuyentes paguen los impuestos esperando que sus compañeros de la coalición no lo hagan. Esto provocaría un efecto domino que mantendría el ritmo fiscal dentro del statu quo.


Habiendo intentando atribuir un argumento al debate sobre la informulable “rebelión fiscal”, voy a proseguir a enumerar factores positivos que se podrían hallar en el llamado “impuesto a las grandes fortunas”, impulsado por diputados del oficialismo y próximo a debatirse de forma virtual en ambas cámaras.


En La economía del sector público, el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, plantea que existen cinco características “deseables” para cualquier sistema impositivo. En primer lugar, deben construir un camino hacia la eficiencia económica. En segundo lugar, el sistema impositivo debe tener un costo de aplicación bajo. Es decir, instituciones y burocracias que no conlleven una pérdida importante de lo recaudado en pos de recaudarlo. Stiglitz explica que gravar algunas categorías de renta puede ser más caro que gravar otras; por ejemplo, el costo administrativo del IVA es mayor que el costo administrativo del impuesto al trabajo. En tercer lugar, el autor plantea que los impuestos deben ser flexibles, es decir, deben poseer capacidad de ajuste frente a shocks externos o infortunios locales. En cuarto lugar, Stiglitz expone que el sistema impositivo debe proveer de responsabilidad política. En palabras del politólogo argentino Guillermo O'Donnell, el sistema debe presentar una rendición de cuentas (accountability). Por último, el autor propone que el sistema impositivo ideal debe ser equitativo. Sobre este punto, se detiene en dos vertientes. Por un lado, debe ser equitativo verticalmente. Es decir, existen agentes con capacidad impositiva mayor que otros, por lo tanto, son estos los que deben tener mayor presión impositiva. Por otra parte, debe ser equitativo horizontalmente. Esto quiere decir que aquellos individuos que son iguales en todos los aspectos deben recibir la misma carga tributaria.


Retomando el argumento de Stiglitz para analizar el impuesto a las grandes fortunas, podríamos encontrar algunos puntos de consistencia entre lo ideal y el objeto. Primeramente, el costo de aplicación del impuesto no debería encarecer la recaudación. No obstante, se debería aumentar el control focalizado, ya que, al ser un impuesto particular, la probabilidad de evasión podría llegar a ser alta. En segundo lugar, la tasa agregada no debería presentar externalidades negativas a la producción, ya que, al cobrarlo al particular se intenta disminuir la ganancia neta individual, y no el resultado general de la firma. No obstante, sobre este punto el gobierno debería incentivar a particulares de grandes fortunas con capacidad productiva a no trasladar el costo individual a la producción. En tercer lugar, y, en mi opinión, el más importante, contribuye a repensar un sistema tributario más equitativo. Es una realidad que los países a lo largo de todo el globo han aprobado paquetes fiscales expansivos para combatir no solo las necesidades en materia sanitaria que plantea el COVID-19, sino también las repercusiones sobre el consumo y la inversión en las economías locales. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿quién financia dicho aumento del gasto? ¿los trabajadores o las grandes fortunas?


En conclusión, el presente articulo intentó presentar un argumento para cada proyecto del arco político. Por un lado, basándome en el texto de Olson, visualicé inconsistencia a la hora de llevar a cabo la llamada “rebelión fiscal”. Por el otro, basándome en el texto de Stiglitz, encontré aspectos positivos (pero no suficientes) que servirían para justificar el impuesto a las grandes fortunas.

Bibliografía

[1] OCDE, 2016 (Últimos datos disponibles) [2] Olson, M. (1992). La Lógica de la Acción Colectiva. México: Limusa-Grupo Noriega Editores.

[3] Stiglitz, J. E. (2000). Economics of the public sector. Nueva York: W.W. Norton.


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