INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Que sea ley: todo lo que logramos y lo que nos falta para poder decidir


El debate por el aborto legal, seguro y gratuito se hizo escuchar y sentir en las calles, las universidades, escuelas, familias, y en la sociedad toda. Muchos fueron los posicionamientos a favor y en contra de la ley. Estamos a un día de la votación. ¿Cuál es la importancia del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo? ¿Por qué lo exigimos?

Por Nayla Procopio

Desde hace años, el movimiento de mujeres viene conquistando derechos. Digo de mujeres porque son las que tuvieron que lucharlos uno por uno. Se nos estereotipó como las pasivas, calladas y sumisas, pero siempre estuvieron aquellas mujeres que quebraron con lo que se esperaba de ellas, para alzar sus voces y gritar lo que todas querían, y hasta lo que algunas ni siquiera imaginaban posible. Desde siempre, los sectores dominantes se ocuparon de tildar a estas grandes mujeres como las locas. Las brujas eran aquellas mujeres independientes que tenían conocimientos sobre diversos temas, y que no temían expresar su saber. Es por esto que eran condenadas a la hoguera, asesinadas.


Las mujeres tuvimos que conquistar derechos, ganar espacios y participación. Conquistamos el derecho al voto, a la educación, a participar en procesos de toma de decisión, al trabajo, el cupo legislativo, la ley de delitos contra la integridad sexual, la ley contra la trata de personas y asistencia a sus víctimas, la ley de protección integral de la mujer, la ley de salud sexual y procreación responsable, la ley de educación sexual integral, entre muchas otras.

En el contexto actual exigimos una conquista más, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que garantice que todas las mujeres y las personas con capacidad de gestar puedan decidir sobre sus propios cuerpos, elegir si tener hijxs o no, cuándo y cómo. Que puedan decidir interrumpir su embarazo de manera segura, sin poner en riesgo su vida y su salud, sin que la posibilidad de decisión sea un privilegio de pocas, eliminando el estigma y la clandestinidad. Y de esta forma, ponerle fin al negocio farmacéutico que manosea la sexualidad, fertilidad, y salud de tantas mujeres, adolescentes, niñas y cuerpos gestantes.

El derecho al aborto no solo implica la posibilidad de interrumpir un embarazo no deseado. Significa además acceder a una salud integral que garantice la autonomía y soberanía sobre nuestros cuerpos, que dé alternativas ante la falla de un método anticonceptivo. Que responda frente a embarazos forzados productos de violencia y coerción sexual, que brinde espacios de contención e información confiable, que proteja familias enteras que dependen de aquella mujer que se realizará la intervención. A su vez, significa garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva como derecho humano.

Muchos encuentros y desencuentros ha traído el debate por el aborto legal en la Argentina, pero la realidad es que en nuestro país el aborto ya es legal desde hace muchos años. Es por esto que “aborto sí, o aborto no” no es lo que está en juego este 8A. En el año 1921 la despenalización del aborto fue incluida dentro del Código Penal argentino, esto quiere decir que por ley el mismo no puede ser penalizado. En el artículo 86 de dicho código se estableció la despenalización del aborto bajo tres causales: riesgo de vida, de salud o violación. Aquellas personas que estuvieran dentro de alguna de estas tres causas podrían realizarse un aborto sin ser condenadas penalmente. Esto fue ratificado, afirmado, por la Corte Suprema de Justicia en el año 2012.

Pero, ¿alcanza con despenalizar el aborto? No. El hecho de que no esté penalizado no implica acceder a condiciones seguras de interrupción del embarazo, simplemente establece que en caso de que una mujer realice la práctica no podrá ser juzgada penalmente. Es por esto que en el año 2015 el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (Protocolo ILE), que estableció lineamientos para que los servicios de salud puedan garantizar el acceso a este derecho de forma estandarizada, y practicar interrupciones del embarazo de manera integral y segura. Por lo cual, como país, ya legalizamos la práctica del aborto hace años.

¿Cuál es la diferencia entre la interrupción de un embarazo producto de una violación y un embarazo interrumpido por el simple hecho de que una persona gestante lo decida? ¿Por qué se cree que un tercero tiene que juzgar si el embarazo fue producto de una causa que habilita y justifica que el mismo pueda ser interrumpido? ¿Es tan fácil medir el contexto en el que un embarazo se produce? ¿Cómo respondemos como sociedad frente a que la mirada juzgadora siempre recaiga sobre la mujer?

A esto responde el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que está acompañado por mucho más que un eslogan. “Legal”, “seguro”, y “gratuito” sostienen un posicionamiento frente al reclamo del aborto. Legal implica que el aborto sea un derecho, personal, intransferible e impostergable, para todas las personas con capacidad gestante, y que haya un organismo estatal que deba garantizar el cumplimiento del mismo. Seguro, implica que la intervención deba ser realizada por profesionales especializados, en lugares confiables, con la información y acompañamiento necesario, sin condenas ni estigmas. Gratuito, implica que el aborto es un derecho de todas las personas, y que no segrega por economía y estatus social. Y fundamentalmente, “voluntaria” implica que toda persona con capacidad de gestar pueda decidir interrumpir su embarazo sin que haya alguien más que tenga que dictaminar si su razón es válida o no, sin que haya que tener una excusa bajo la manga, sin quedar expuesta frente a la historia que hay tras esa fecundación.

La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito no viene sola. También se reclaman la Educación Sexual Integral y anticonceptivos. Esto es importante, porque desmiente muchos mitos en los que se respaldan quienes están en contra del proyecto de ley. Nadie está exigiendo el aborto como forma más sencilla de impedir un embarazo. La ESI y los anticonceptivos previenen embarazos no planificados. Para ambas cuestiones, desde hace años, existen leyes, pero las mismas fallan en su implementación.

La Educación Sexual Integral, que debería darse de manera transversal en todas las escuelas y de forma integral, queda en un par de charlas en contextos de jornadas que desbordan de estudiantes y consultas. Los métodos anticonceptivos no están disponibles en muchos hospitales y centros de salud, y tampoco existe un asesoramiento ni información sobre todas las opciones de métodos disponibles y que se ajustan al estilo de vida y cuerpos que existen. Las fallas dentro del sistema de educación y salud argentinos vulneran derechos y exponen la vida y la salud de mujeres, adolescentes, niñas, y cuerpos gestantes.

Lo que se pone en juego el 8 de agosto no es solo la posibilidad de abortar de manera segura, es el acceso a un derecho que se viene reclamando desde hace años. Un derecho que otorga plena decisión sobre nuestros cuerpos, que posibilita el acceso a una salud integral, y evita miles de muertes a causa de abortos clandestinos. La legalización del aborto elimina el estigma, la condena y criminalización por la libre decisión, pone fin a maternidades forzadas, y posibilita el acceso a políticas públicas de salud que velen por los derechos de mujeres y personas gestantes, y que promuevan la salud sexual y reproductiva.

Nos precedieron mujeres muy valientes que nos dejaron grandes conquistas. Hoy somos miles las que formamos parte de este gran movimiento. Somos muchas las que compartimos la impotencia frente a la impunidad de la violencia machista, las que nos rebelamos frente al sistema patriarcal que nos oprime y nos deja en el peor lugar. Nosotras decidimos que ese lugar no es nuestro, nos corrimos, y exigimos, en un gran movimiento sororo, que nuestras voces se escuchen fuerte, y que nuestros cuerpos se unan en una ola gigante que se mueve y avanza.

Para parir, abortar o gestar somos nosotras las que ponemos el cuerpo. Nosotras tenemos que poder decidir, y exigimos poder hacerlo ejerciendo nuestro derecho a una salud integral.


¡QUE SEA LEY!


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