INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Olla y cacerola: ¿la corrupción es una sola?

En los últimos días, hemos evidenciado cacerolazos que exigen a la clase política bajar sus dietas para solventar los gastos de la pandemia. Estos hechos suscitan viejas preguntas, ¿por qué se le exige tanto al Estado y se le deja pasar las mismas cuestiones al sector privado? Creemos que la opinión de la sociedad respecto a la corrupción ilustra muy bien esta situación y pone en jaque que el problema es la concepción del Estado.


Por Álvaro Espejo* y Sebastian Lemos**


Cacerolazo en un balcón de Palermo. Fuente: Clarín

El día domingo, el presidente Alberto Fernández lanzó una advertencia a los grandes empresarios del capital concentrado. En palabras del presidente, “había llegado el momento de que ganen menos”. Cabe destacar que estas palabras se dieron en el contexto de los 1500 despidos realizados por Techint. Creer en casualidades, en estas circunstancias, sería pecar de inocencia ya que, aprovechando la oportunidad del momento, referentes de Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, liderados por Patricia Bullrich como presidenta del bloque, pidieron recortar los sueldos de “los políticos” y crear un fondo común para combatir las secuelas del virus. Así las cosas, mediante las redes sociales y a través de diferentes medios de comunicación, empezaron a circular las consignas del #ruidazo para que el presidente escuche el pedido del “reclamo social” y considere la reducción presupuestaria destinada a funcionarios de altos cargos jerárquicos del Estado.


Evidentemente, las consignas tuvieron éxito: los cacerolazos ocurrieron en diferentes puntos-balcones neurálgicos del país y verborrágicamente se propagaron discusiones en torno a si estaba “bien” o “mal” recortar los sueldos de “los políticos” para distribuirlos a fondos que apunten a morigerar la crisis relacionada a la pandemia.


Gran parte de las consignas referidas en estos días son la punta del iceberg de un problema mayor, según nuestro punto de vista. Asimismo, podemos conjeturar que hay una enorme vinculación entre este tipo de discusiones en torno a, por ejemplo, “los políticos son corruptos y deberían reducir sus ingresos”, con las multifacéticas referencias que tiene la palabra “corrupción” en este tema. Es así que creemos que esta situación resalta una cuestión nodal de la vida política argentina de los últimos años: ¿a quién se le perdona qué? ¿Quiénes son responsables y quiénes no? Las miradas en torno a la corrupción son la evidencia más grande de cómo responder estas preguntas.


Retomando una experiencia de investigación cuyos resultados fueron plasmados en las X Jornadas de Sociología de la Universidad de La Plata (Lemos y Espejo, 2018), uno de los interrogantes que se trabajó en esa investigación fue indagar la gravedad que se le adjudicaba a actos de corrupción ejercidos tanto por agentes del Estado como por agentes privados. Adivinen: ¿a quienes les adjudicaban mayor gravedad cuando se cometía un acto de corrupción? Respuesta correcta: a agentes vinculados del Estado.


Antes de comenzar a mostrar nuestro análisis es necesario remitirnos a algunas consideraciones metodológicas. Para poder ahondar en nuestra temática de investigación optamos por un diseño metodológico mixto. Esta articulación de enfoques permitió echar luz de una manera más integral al fenómeno en cuestión, la corrupción, al tiempo que posibilitó explorar algunas coincidencias o desajustes entre las dimensiones estructural-objetiva y subjetiva de dicha problemática (Creswell, 2013). Es decir, tratamos de abordar el fenómeno desde diferentes visiones para añadir profundidad al análisis de nuestro objeto de estudio. Específicamente, nuestros datos provienen de la realización de dos grupos focales y 341 encuestas.


Ahora bien, pasando a nuestro análisis cuantitativo, nuestra encuesta indaga la opinión de una serie de situaciones de la vida cotidiana, ya sean experimentadas en primera persona o conocida a través de terceros o medios de comunicación.


Cuando indagamos la gravedad de estas prácticas de manera general (Gráfico 1) a la totalidad de nuestros ítems, las respuestas encuentran su mayoría en el nivel alto (50,5%) superando por casi 20 puntos porcentuales al nivel medio y con la categoría bajo agrupando a tan solo un 18,65%. Es decir, los encuestados muestran que estas prácticas tienen una gravedad muy alta y muy pocos las dejan pasar como actos inofensivos.


Ahora bien, si discriminamos nuestros ítems de acuerdo a si se trataban de hechos donde se involucraron actores públicos o si se trataban de hechos donde se involucraron actores privados encontramos notables diferencias (Gráfico 2).

Así, observamos que la severidad con la que se juzga a los prácticas de nuestro cuestionario donde aparecen actores del sector público aumenta de manera considerable respecto al cuestionario en general (nivel alto +13 ptos) y disminuye casi exactamente en la misma proporción cuando se aíslan los ítems respectivos al sector privado (nivel alto – 13,1). Contrariamente, el nivel bajo de gravedad disminuye 10 puntos con respecto al cuestionario en general para el sector público y aumenta 10 para el sector privado. A su vez, en el sector privado, encontramos una mayor balance entre la severidad en cuanto al juicio de los ítems (gravedad alta: 37,4%, gravedad media: 34,7 y gravedad baja: 27,9%) mientras que en el sector público la gravedad alta pica en punta (63,6%).


Con estas distribuciones, puede afirmarse que la gente encuestada es más severa con los actores públicos, particularmente cuando sospecha que el abuso de poder abulta sus ingresos. Es decir, la apropiación indebida es poco tolerada. Esto puede atribuirse a que los encuestados ven que ellos deberían dar el ejemplo de transparencia/honestidad y sin embargo actúan de manera corrupta e ilegal (Sautu, 2004). En cambio, cuando son los particulares quienes utilizan estrategias corruptas para beneficiarse, la gente pareciera estar más dispuesta a aceptarlo.


Ahora bien, ¿cómo se observa esta situación desde lo cualitativo? Notamos una división tajante a la hora de hablar de corrupción según se trate del Estado o de privados.


A nivel de agentes del Estado parece que los juicios y condenas éticas de nuestros participantes son más fuertes. En este sentido, el testimonio de Mauricio nos sirve de puntapié para pensar que, más allá de que una práctica está bien o mal, no todo es lo mismo y no todo es corrupción desde el punto de vista de los actores.


“Lo que pasa es que lo que hacemos nosotros no se llama corrupción, que es hermoso, no es el mismo término, a lo mismo. Son diferentes escalas, pero no quiere decir que no esté mal”.

El relato en cuestión evidencia que hay situaciones donde acontecen situaciones corruptas en el sentido legal que el común de la gente no consideran como corruptas, ya que se encuentran percibidas como actos rutinarios, que se encuentran naturalizados y son propios de la práctica cotidiana. A través de esta sentencia se dispara el siguiente interrogante.


¿Cuál es el criterio que clasifica lo que “está mal” pero no es corrupto de aquello que sí lo es? Una posible respuesta a esta pregunta radica en diferenciar cuando estas acciones suceden en ámbitos estatales o ámbitos privados. Pareciera que en los últimos años, la memoria colectiva ató a la corrupción, a la ética y a la responsabilidad solo a lo estatal.


Por esto mismo, es importante comprender que cuando hablamos de prácticas corruptas legales y nos referimos a las situaciones que son desaprobadas socialmente por alguna comunidad, la sociedad no siente que el marco legal y normativo que debería garantizar el orden social y ser transparente el Estado cumpla con sus funciones esenciales y, por lo tanto, réplica ciertas prácticas y las pone en tela de juicio al minimizar el problema de la corrupción sistemática que se ejerce en nuestro país, a menor nivel claro está. Así lo relata Marcos:


Porque no es lo mismo, no sé, una falta común de un ciudadano que puede ser penal, de la familia o de una empresa, o de lo que sea, pero no deja de ser de un ciudadano, a cuando el Estado ya entra en cuestiones que, siendo él el que hace las mismas leyes, entre en ilegalidades”.

Lo macro social viene a ser imitado (a menor escala) por lo micro social, y relativiza de esta manera la importancia hacia las prácticas corruptas que se generan en las dos esferas: las instituciones y la sociedad civil. Pero, específicamente con esta disrupción y deslegitimación de las instituciones, las leyes han perdido su peso por una justicia que ha funcionado aparentemente mal.


Para concluir, las prácticas corruptas aparecen en los testimonios de los grupos focales y en los juicios que se realizan en las encuestas como desaprobadas socialmente. Nadie duda que esas prácticas están “mal”, tanto en términos legales como morales. Sin embargo, se encuentran justificadas de diversas maneras, por un lado, a través de una contraposición entre el “deber ser” del Estado y, por el otro, lo que sucede en la vida cotidiana de las personas.


Una posible respuesta a la primera interpretación es la desarticulación institucional con la sociedad civil que se dio en el 2001, con el estallido social y los múltiples focos de protestas “antipolíticas y antiinstitucionales”. Ahora bien, cuando los marcos legales son tensionados y puestos en duda, como en el 2001, la legitimidad del Estado y de sus “funcionarios corruptos” es cortada por una vara muy distinta que a la de agentes privados y pareciera que esta cuestión quedó fijada en el inconsciente colectivo. En este sentido, creemos que el problema de estos cacerolazos, como el de la corrupción, radica en esta cuestión: el Estado, tras 2001, es el chivo expiatorio, con base en la memoria reciente, de los problemas de los argentinos. Y cuando vuelven a salir a la luz los discursos “antipolítica”, no son más que el reflejo de un discurso “antiestatal” para desacreditar la legitimidad que tiene. Sin embargo, hace falta aclarar que los agentes privados (como el grupo Techint) también tienen incidencia en la política y, por ende, son actores políticos que operan en el territorio. Es decir, los datos referenciales en torno a la corrupción, nos revelan que el discurso referido a los recorte a los sueldos de funcionarios políticos y cristalizado en los “cacerolazos” deviene de una concepción peyorativa del Estado, juzgado de una forma más severa que a los actores privados.


Difícilmente se cuestionen las políticas sociales que se han tomado para enfrentar a la pandemia, pero solo hace falta un hecho para que el fantasma de la culpa estatal vuelva a aparecer.

*Álvaro Espejo (UNSAM). Licenciado en Sociología UBA. Maestrando en Sociología Económica IDAES UNSAM.

**Sebastián Lemos (IIGG-UBA). Licenciado en Sociología UBA. Maestrando en Investigación en Ciencias Sociales Fsoc UBA.

Bibliografía:

Sautu, R. (2004) Catalogo de prácticas corruptas. Corrupción, confianza y democracia. Buenos Aires: Ediciones Lumiere.

Lemos, S y Espejo, Á. (2018) Corrupción y Sociedad. Apuntes sobre las perspectivas y experiencias de la clase media. X Jornadas de Sociología de la UNLP. Diciembre 2018.

Creswell, J. (2013). What is Mixed Methods Research?, Video de Exposición realizada en Junio de 2013 en la Universidad de Nebraska-Lincoln (EEUU). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=1OaNiTlpyX8 (Traducción completa en Documento de Cátedra Nro. 109 de Micaela Alquezar y Sebastián Lemos (2019)).

Valoramos la pluralidad de opiniones. Las notas publicadas por Política En Jaque no necesariamente representan los valores de la organización.

© 2020 Todos los derechos reservados. Política en Jaque - Organización Política.