INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Los retos españoles para el 2020

De aquellos lodos estos pantanos. El refranero español nos sorprende una vez más con su elocuencia al describir de forma informal aquellos desafíos para el país. El anticuado sistema productivo español, que durante décadas no ha sido primordial en las agendas políticas, está mostrando hoy sus efectos. No ser punteros en Europa resulta algo histórico para el país ibérico, pero no haber priorizado cuestiones económicas a medidas políticas puede llegar a pasar factura y convertirnos actualmente en un país con 100% de deuda.


Por Ada Font

Por primera vez en 40 años de democracia en España se ha conformado el primer gobierno de coalición, como en la mayoría de países del este de Europa, que se sitúa en un eje de centro-izquierda por la mezcla de la ideología de los partidos PSOE y UP. Este hecho es paradigmático en España ya que no solo es una rareza en su historia, sino que además nace como consecuencia de una repetición electoral por la incapacidad de nuestros políticos de unirse en coalición, como demandaba la sociedad española desde un primer momento. De la noche al día, los dos líderes de los partidos que hoy conforman el gobierno -Pablo Iglesias y Pedro Sánchez- consiguieron un preacuerdo de gobierno con 10 medidas que lograron concretarse en un acuerdo final de constitución de ejecutivo antes de que finalizara el año 2019. Esta decisión fue formalizada en la investidura del pasado 8 de enero del presente año.


Por otro lado, en cuanto a lo político, cabe resaltar dos cuestiones de vital importancia. La primera se refiere al preacuerdo de gobierno, que en el momento de elaborarse tal documento en consenso no se hallaba tan clara la posibilidad de conformar la coalición. Aquel contenía un total de dos páginas y estaba relatado en líneas demasiado generales. Podemos afirmar, sin temor a la equivocación, que siete de las diez medidas hubieran sido respaldadas por los diferentes partidos que componen el Congreso y evidentemente no todos estos serían aptos para una formación de un gabinete.


El segundo asunto se refiere a la crítica, tanto política como popular, a tal gobierno. Como ya se ha citado, llegar a un gabinete de coalición no ha sido algo fácil, pero además ha sido criticado desde las fuerzas no contribuyentes en la formación. Esto se ha producido debido a que las mayorías se presentaban justas y los dos partidos del gobierno tenían el imperativo de buscar apoyos en otros partidos, sostén que han encontrado en su mayoría en partidos nacionalistas e independentistas mediante la votación en afirmativo o la abstención.


No obstante y a pesar de que en la mayoría de los países que hoy conforman la Unión Europea poseen gobiernos de coalición integrados por un partido fuerte de izquierda con una formación situado más en el centro político, en España no se observa la misma circunstancia. Los principales retos de la economía ibérica son, en primer lugar, el déficit público estructural. España solo ha gozado de superávit durante tres escasos años desde 2005 hasta 2008, coincidiendo con la inflación propia del estallido de la crisis financiera el año 2008.


En segundo lugar, el mercado laboral español que a pesar de favorecer la contratación, no hace incapié en mejorar las condiciones. Como muestra y ejemplo existe una clara tendencia dual en España en la relación entre trabajadores fijos y temporales: entre el 25% y el 30% de los trabajadores son temporales, y este dato solo va en aumento cada año. El mercado laboral no solo es incompetente en sí, sino que es difícil que la situación mejore de forma natural porque casi todas las políticas de ocupación son pasivas, es decir, proporcionan remedios leves y temporales en lugar de soluciones consecuentes como, por ejemplo, dar un subsidio a las personas sin empleo en lugar de ayudarles a encontrar un nuevo trabajo con políticas activas. Un 80% de las políticas de ocupación son pasivas. La alta tasa del desempleo afecta sobre todo a los jóvenes, y como dato, en el año 2017 la tasa de desocupación en España era la segunda más alta de la UE por detrás de Grecia.


En tercer lugar, se han priorizado medidas políticas antes que las económicas, las cuales no han sido nunca para mejorar el bienestar de la población. Por ejemplo, el plan E del ex presidente del gobierno socialista Zapatero fue siempre una medida política, también serían un ejemplo el rescate a bancas. Estas y demás políticas adoptadas no fueron nunca dirigidas a la población sino al propio interés de las elites y grupos de presión. Incluso una de las únicas dos veces que se ha reformado la constitución, que en España parece tener un contenido sagrado no actualizable a los nuevos tiempos, ha sido para someter a la población a unas medidas económicas polémicas en las que se estipulaba que la Unión Europea sería un moroso prioritario en el pago de la deuda, superando a partidas como educación y sanidad. Todo esto se estipula en el artículo 135 de la Constitución española sobre la estabilidad presupuestaria.


Estos desequilibrios disponen aún más al país a una nueva crisis que tendrá lugar dentro de no demasiado tiempo debido al sistema de recesiones cíclicas de nuestro capitalismo de mercado. La última crisis mundial que tuvo lugar en el año 2008 afectó mucho más a España por su antigua maquinaria y obsoleto sistema productivo. Además, en el país hispánico la crisis de que se está hablando afectó de una manera diferente que la del resto de países, como es habitual. Además, el fenómeno de la crisis coincidió (no causalmente) con el estallido de la burbuja inmobiliaria, la cual había estado engrosandose debido a la voluntad de empresarios y políticos que, pese a conocer profundamente la situación, se dedicaron a emitir un gran volumen de transacciones a precios superiores a su valor de real de mercado. Debido a esta situación que se estaba produciendo de manera completamente invisible y la falsa creencia que durante años se repitió como un mantra para hacerse cierta de que el precio de la vivienda nunca baja, se dieron los siguientes efectos: las familias comenzaron a adquirir vivienda como inversión, pero al llegar la recesión, el precio de la vivienda baja y las familias pierden poder adquisitivo. Las consecuencias fueron, entre otras, las siguientes: el desempleo, la pérdida de crecimiento económico, la deuda pública y la caída de confianza en nuestras instituciones.


Una nueva crisis tendría efectos terribles para España, entre ellos, el desempleo y la caída del PIB per cápita como afirman economistas del blog económico español “Nada Es Gratis”. Por otra parte, podríamos volver al fenómeno de la década perdida, el cual afirma que hasta 10 años después del desequilibrio económico de la recesión nos encontramos en valores similares a antes de que sucediera tal desequilibrio. De esta manera, una década quedó suprimida en la historia, perdiendo todo su valor, en lugar de haberse empleado en el progreso de la nación. Que este suceso se pueda volver a producir puede dañar a la economía española a niveles catastróficos, situándola en un punto de no retorno incapaz de poder llegar jamás a los estándares europeos.


En conclusión, todos los problemas de España van más allá de su sistema productivo ineficiente, su baja inversión en I+D o sus medidas contractivas en lugar de expansivas que no ayudan a reactivar la economía. Tal y como se indica en la obra maestra Why Nations Fail (Por qué fracasan los países) de Acemoglu y Robinson, el problema raíz de España son sus instituciones.

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