INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Los escraches frente al Estado de Derecho: un debate abierto

En esta nota, proponemos un recorrido histórico sobre los orígenes del “escrache” como práctica social de justicia, y analizamos diferentes definiciones y posiciones en torno a su utilización. ¿Qué implicancias sociales y jurídicas tiene esta práctica? ¿Es compatible con un Estado de Derecho constitucional?


Por Santiago Tulián

Foto: Agencia Paco Urondo

Diversas definiciones de escrache

Según la Real Academia Española la palabra “escrache” se refiere a una “manifestación popular de protesta contra una persona, generalmente del ámbito de la política o de la Administración, que se realiza frente a su domicilio o en algún lugar público al que debe concurrir.”

Un trabajo de la Universidad Nacional Autónoma de México titulado "Escraches en redes feministas universitarias: una estrategia contra la violencia de género hacia las mujeres” lo define como "un repertorio de protesta utilizado para denunciar a sujetos particulares, generalmente está acompañado de otros repertorios, por ejemplo: marchas, mítines, entre otros. Sin embargo, lo que caracteriza al escrache es que busca denunciar socialmente a personas que hayan ejercido algún tipo de violencia contra otras y otros. En este sentido, el escrache tiene implicaciones políticas y sociales, pero sobre todo individuales."

Acorde a un artículo publicado en el portal de noticias el "Grito del Sur" denominado "Contraofensiva feminista: al macho escracho", el escrache se trata de "un método no ortodoxo para alcanzar justicia en un sistema judicial patriarcal y funciona además para alertar sobre la presencia de posibles violentos."

Como se puede apreciar acorde a las distintas definiciones citadas, la esencia del escrache está en la publicidad que se efectúa al momento de denunciar algo o a alguien. Las estrategias de vitalización del escrache pueden ser varias, aunque a raíz del avance tecnológico las que más se están utilizando son las redes sociales. Ahora bien, el quid de la cuestión está en identificar por qué una persona o un grupo de personas optan por esta vía para reclamar justicia y no a través de los medios previstos por el Estado de Derecho. O, mejor dicho, se trata de entender cuál es el motivo que impulsa a las personas damnificadas, en simultáneo a haber realizado la denuncia en la entidad pertinente acorde al funcionamiento de nuestro sistema institucional, a tener que dar un paso más utilizando al "escrache" como acto impulsorio (procesalmente hablando).

Aclaración preliminar:

Antes de empezar a desarrollar mi idea quisiera hacer una aclaración con respecto al escrache y la finalidad del presente texto. Escrachar, como una acción llevada a cabo para denunciar una situación, es una herramienta discursiva con mucho impacto. Escrachar no se circunscribe únicamente al ámbito de la política en su sentido más amplio, sino que ocurre de forma reiterada en la cotidianidad. Por ejemplo, cuando una empresa incumple con una prestación o al momento de entregar un determinado producto, muchos consumidores que se ven afectados ante dicha negligencia deciden escracharla vía redes sociales. Sin embargo, existe una diferencia trascendental entre situaciones como la descripta, relacionadas al ámbito de lo civil y comercial, y las que tienen que ver con denunciar una conducta delictiva. Lo que me interesa analizar son aquellos escraches que denuncian de forma manifiesta una conducta tipificada por el Código penal. Más puntualmente, los relativos a denuncias de abuso sexual y/o cualquier situación de violación del consentimiento de la persona que escracha.

Origen del escrache y su popularización en la Argentina

Según cuenta la leyenda, el primer “escrache” estaría documentado en el Evangelio de San Juan, en un fragmento que relata el accionar de un grupo de fariseos, quienes se habrían acercado “en tromba a Jesús para señalar a una mujer a la que acusaban de pecar”.

En Argentina, el “escrache” se popularizó en los años noventa cuando el gobierno de Carlos S. Menem indultó a quienes habían sido acusados y sentenciados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal en 1985 como responsables de una de las mayores tragedias humanitarias de nuestro país: el denominado “Proceso de Reorganización Nacional”. Ante burda determinación por parte del gobierno, los hijos de aquellos desaparecidos, asesinados, exiliados y presos políticos por la dictadura decidieron nuclearse en una organización denominada “H.I.J.O.S” con el lema de “Si no hay justicia, hagamos que el país sea su cárcel” para, justamente, manifestarse en contra de estos indultos. El objetivo era claro: la justicia por parte de particulares ante una medida desconsiderada y excepcional. Hablo de “excepcionalidad” ya que se trata de un recurso que ha sido utilizado en escasas oportunidades a lo largo de la historia argentina, aunque previsto por la Constitución Nacional: el artículo 99 inciso 5 le otorga al Presidente la “facultad de conceder indultos y conmutar penas”.

El retorno del escrache como mecanismo para lograr justicia

Luego de los años noventa, y teniendo en cuenta la posterior crisis socioeconómica del 2001 y 2002, el “escrache” siempre estuvo dando vueltas como una suerte de sombra que de tanto en tanto aparecía, aunque sin opacar demasiado a las personas sobre las cuales recaía. Sin embargo, empezamos a prestarle más atención y a sentirlo con mayor contundencia estos últimos años, con el auge del movimiento feminista en Argentina. El feminismo, como corriente ideológica, vino a poner en el centro de discusión la estructuración de un sistema socioeconómico y cultural en el cual el poder estaría concentrado en la figura masculina y, a partir de esa realidad, el hombre, desde su visión androcéntrica del mundo, lo ha modificado de acuerdo a sus necesidades y percepciones. La mujer, ante este escenario, pasó a ser, en términos beauvoireanos, “el segundo sexo” ante la mirada masculina; es decir, su definición como tal se dio ante la negación de ser hombre, como una suerte de figura secundaria dentro del mundo[1]. Esta realidad denunciada por el feminismo tuvo como una de sus tantas consecuencias que se naturalizaran determinadas situaciones que suponían una violación a su consentimiento, pasando por el acoso o el manoseo a la violación en su acepción más cruenta, y que muchas mujeres acallaran estos padecimientos por miedo o, peor aún, por incomprensión: si la norma –no la ley­– no lo castiga, entonces debe ser algo que no está mal que ocurra y, por lo tanto, no susceptible de ser entendiendo como una violación al consentimiento. Toda esta nueva reinterpretación de la situación de la mujer, lo que incluye cuestionarse qué es ser mujer y si verdaderamente se quiere cumplir ese estereotipo dado que no se nace de esa forma por naturaleza, provocaron una nueva oleada de “escraches”: testimonios de mujeres sobre los diversos acosos y/o violaciones sufridos fueron viralizados mediante las redes sociales individualizando a quienes habrían perpetrado estas conductas delictivas. De esta forma, el escrache volvió a ser aquel mecanismo utilizado por particulares para reclamar por aquello que no les habría sido dado: justicia.

El escrache y su problema con el Estado de Derecho

Cuando se le preguntaba a una mujer que había escrachado por qué había optado por esta vía, mayoritariamente daba dos motivos: el primero, porque sentía un alivio al hacerlo, como una suerte de liberación del espíritu, el último estadio del proceso sanador ante semejante padecimiento. Y el segundo, porque al tratarse de un suceso ocurrido hace muchos años y sin demasiadas maneras de probarlo en términos jurídico procesales, entendía que ante dicho escenario la justicia, también con su cuota machista, no iba a encontrar elementos probatorios que vincularan al hecho con la persona inculpada. Es decir, la mujer como persona agraviada no tenía dudas que la acción se había dado (ella misma la había padecido), pero no tenía demasiados medios (pruebas) para acreditar que la persona que acusaba efectivamente había cometido dicho delito. Por ello, ante la impotencia de la impunidad optó por una mínima cuota de justicia: escrachar al presunto autor de dicha conducta con la finalidad de al menos lesionar su honor como individuo por la aberración que había cometido.

En ese sentido, es dable destacar la explicación brindada por una nota titulada "Feminismo y punitivismo" para entender el fundamento de esta medida: "ese acto de exposición es una expresión de la ausencia del Estado. No existen políticas públicas que acompañen, resguarden y ayuden a una mujer que sufre o sufrió violencia machista."

Sin embargo, esta conducta, que planteada en estos términos es altamente comprensible para quien se encuentra ajeno a dicha situación, encuentra su punto de conflicto con la forma en la que está estructurado nuestro Estado de Derecho. La Constitución Nacional, que constituye nuestra ley suprema, enuncia en el artículo 18 lo que doctrinariamente se conoce como “principio de inocencia”, según el cual “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”. Asimismo, nuestra Constitución, en su artículo 75 inciso 22, además de despejar cualquier tipo de dudas sobre la jerarquía normativa de nuestro ordenamiento jurídico (los tratados internacionales y concordatos a los cuales adhiera la Argentina “tienen jerarquía superior a las leyes”), indica que existen una serie de tratados internacionales de Derechos Humanos que gozan de jerarquía constitucional (es decir, tienen el mismo estatus jurídico que la Constitución) y que en un futuro y con las mayorías correspondientes (“el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara”) podrán agregarse nuevos tratados a nuestro ordenamiento jurídico con la misma jerarquía (siempre que sean de Derechos Humanos).

Este hecho es central para entender que tal presunción de inocencia no solamente está en el texto constitucional sino en varios tratados con su misma jerarquía. Para citar algunos ejemplos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos indica que "toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad (...)". Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”. Por lo tanto, escrachar, en términos jurídicos, es ir en contra de estos principios constitucionales. En este punto, me gustaría reproducir la denominada fórmula de Blackstone, que es el fundamento que se tuvo en cuenta en la mayoría de los países de Occidente al momento de crear al principio de inocencia como tal: “es preferible que cien personas culpables puedan escapar a que un solo inocente sufra.”

Evidentemente, existe una fuerte tensión entre escrachar y la presunción de inocencia: al escrachar se está creando una sentencia; al decir de Sergio Rozas, una suerte de lenguaje perforativo previa al juicio. La perforatividad, a grandes rasgos, significa que al hablar se está haciendo; que al describir a alguien o al expresar algo se está construyendo un discurso sobre aquello que se describe, aún sin la intención consciente de hacerlo. En términos sencillos, escrachar supone afirmar que la persona acusada es culpable invirtiendo la presunción de inocencia: el escrachado es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Se trata de un recurso radicalmente opuesto a una de las garantías procesales más importantes de nuestro ordenamiento jurídico. El individuo, por el mero hecho de ser persona, goza de la presunción de inocencia y solamente una sentencia firme puede declarar su culpabilidad. De acuerdo a Juan Martín Noguiera, "la culpabilidad debe ser jurídicamente construida, y esa construcción implica la adquisición de un grado de certeza; el imputado no tiene que construir su inocencia y no debe ser tratado como culpable."

La ansiedad y la pérdida de credibilidad en el Poder Judicial

En el ámbito penal, el escrache no ocurre solamente al momento de realizar denuncias sobre delitos contra la integridad sexual, sino que también se da al denunciar homicidios, robos y/o causas relativas al enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Si bien empezar a ahondar en cada uno de estos delitos y su impacto mediático sería "abrirse" demasiado del objetivo de este artículo, lo cierto es que es importante mencionar que el escrache se ha vuelto algo extremadamente recurrente en la Argentina y su utilización encuentra, a mi criterio, dos motivos claves. El primero, la ansiedad por parte de la sociedad de obtener respuestas rápidas a interrogantes extremadamente complejos. Y el segundo, como dejé entrever al principio, como consecuencia directa del descreimiento de la sociedad en el sistema judicial.

De los fundamentos esgrimidos el que más preocupa es la pérdida de credibilidad en el organismo encargado de impartir justicia. En ese sentido, hay una responsabilidad directa por parte del Poder Judicial que provoca la búsqueda de justicia a través del escrache a raíz de la desesperanza y falta de credibilidad que genera el sistema. Precisamente, lo que suele ocurrir en numerosos casos es que gracias a estos escraches el sistema judicial se ve obligado a actuar y termina condenando a la/s persona/s que había/n resultado escrachada/s.

Entonces, ¿escrache sí o escrache no?

Resulta extremadamente difícil abstenerse de testimonios conocidos para dar una respuesta a semejante interrogante. Es decir, olvidarse de las personas relacionadas al entorno personal que gracias a estos escraches han logrado enjuiciar a individuos que habían cometido diversos delitos (fundamentalmente delitos contra la integridad sexual). ¿Acaso si no hubiesen accionado por la “vía del escrache” se habría logrado justicia? Justamente, escrachar fue la medida necesaria para que el caso lo tomara una abogada (o abogado) de renombre, cuyos honorarios hubiesen resultado imposibles de pagar por la denunciante, e implicó la presión necesaria en el sistema para obtener respuesta alguna por parte del poder judicial. En este sentido, pareciera que la balanza se inclina para un lado concreto al momento de dar una respuesta a este interrogante. Es más, podríamos generar más argumentos favorables si nos realizamos la siguiente pregunta: ¿quién podría exponerse a semejante visibilidad para denunciar una acción aberrante que nunca ocurrió? Difícilmente alguien podría afirmar que una persona puede exponerse a denunciar públicamente algo que es notoriamente falso. Sin embargo, ¿qué pasaría si una sola persona escrachada fuese inocente? ¿realmente estaríamos dispuestos a tomar ese riesgo? ¿sacrificaríamos los principios que le dieron origen a nuestro sistema?

Exista o no una respuesta concluyente a estos interrogantes, resulta evidente que es hora de generar un gran debate entre los diversos grupos sociales, fundamentalmente aquellos que representan a las víctimas y los que representan a quienes defienden a ultranza la institucionalidad, para poder lograr una solución a esta tensión latente. Es crucial entender que el escrache ocurre, fundamentalmente, como consecuencia de la negligencia de nuestro sistema judicial, así como se debe comprender que legitimar ciegamente a este recurso es, en cierta manera, vulnerar el principio de inocencia consagrado en nada más y nada menos que nuestra Constitución Nacional.

La solución a este conflicto está en mejorar sustancialmente el funcionamiento de nuestro sistema judicial y lograr compatibilizar al escrache con el principio de inocencia. Para ello, es necesario un debate sin fundamentalismos.


[1] Sánchez Muñoz, Cristina, “Simone de Beuavoir: del sexo al género”, Shackleton Books, Barcelona, 2019.


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