INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Los drones de la cuarentena

La pandemia ha generado una tendencia mundial a implementar drones en numerosas tareas que van desde desinfección hasta vigilancia. Sin embargo, esta utilización puede llegar a tener graves implicancias para el resguardo de los derechos a la intimidad y privacidad de las personas. La reflexión aquí planteada busca adelantar el debate jurídico para que el posible futuro uso de drones en la Argentina no avasalle los derechos que tenemos como ciudadanos.


Por Carlos Ramón Albarracín

Trabajadores usan drones para esparcir desinfectante en una calle del puerto de Talcahuano en el sur de Chile. Foto: José Luis Saavedra (REUTERS)

Un día nos despertamos y todo cambió. Un extraño virus quizás gestado en algún mercado de la región de Wuhan, China, embistió a múltiples ciudades europeas y, con ello, alertó a todos los gobiernos occidentales. Tal suceso tuvo numerosas repercusiones: primero, afectó la vida cotidiana, ya que todos nos vimos obligados a permanecer en cuarentena en pos de proteger la salud pública. También impactó en el sistema económico, dado que se desplomó el crecimiento de las grandes potencias y profundizó el empobrecimiento de los Estados menos solventes. La salud también se vio afectada a causa del colapso de los sistemas sanitarios, incluso de los más tecnológicos y eficientes del mundo. Finalmente, tuvo repercusiones históricas y, quizá, irreversibles en el sistema jurídico. Se vio comprometido el normal desenvolvimiento de la justicia y hubo un paulatino avance Estatal por sobre los individuos. En relación a este último punto, como profesionales del Derecho o estudiantes en formación es nuestro deber reflexionar y preguntarnos: ¿hasta qué punto toleramos ese avance estatal sobre nuestras libertades individuales?


Los medios de comunicación están, minuto a minuto, bombardeando con noticias sobre el Coronavirus. Tal es así que podemos saber los detalles no solo de lo que ocurre en Argentina sino también de lo que sucede en los demás países del mundo. Esta intensidad con la que se transmite la información provoca que leyendo lo que se publicó en este instante, rápidamente olvidemos lo que había ocurrido inmediatamente antes, que ya quedó desactualizado.

Ahora bien, dentro de esta vorágine de noticias, una en particular me llamó poderosamente la atención: los medios españoles comunicaron la utilización de drones por parte de la policía. Esto me llevó a investigar sobre el tema y confirmé que los drones estaban siendo usados para diversas tareas que los humanos en cuarentena no pueden realizar: por ejemplo, pasear al perro o realizar tours virtuales que reproducen imágenes de ciudades abandonadas, lo cual tiene un atractivo singular. Pero estas cuestiones no son las que nos preocupan aquí, sino la utilización que en muchos países se les da para controlar que los ciudadanos cumplan el confinamiento social.


El New York Times advirtió sobre la situación en el Reino Unido, donde las fuerzas policiales han utilizado drones para capturar imágenes de personas que ignoraban las pautas de la cuarentena, y luego las publicaban en las redes sociales. Esto fue cuestionado por muchas personas que denunciaron violación a la intimidad, frente a lo cual la policía respondió que no se disculparía por usar cualquier método legal y apropiado para mantener a las personas seguras.


El Wall Street Journal, por su parte, analizó la situación en China, donde el uso de drones por parte del gobierno ya es de larga data. En particular, los utilizaron para el control del COVID-19, equipándolos con sensores térmicos y de reconocimiento facial. Esta tecnología permite saber quién camina por las calles y cuál es su temperatura corporal, a fin de determinar si tiene fiebre o no. A su vez, el Global Times, portal de noticias del gobierno chino, aseguró que China es el país que más utilizó drones y que a su vez contaban con los más avanzados tecnológicamente. En efecto, los drones chinos llevan adelante tareas de desinfección y están equipados con altavoces que permiten disuadir a las personas que no cumplen con las pautas del distanciamiento social.


Asimismo, España e Italia implementaron el uso de drones a nivel municipal, equipados también con sensores térmicos que miden la temperatura. Ambos gobiernos afirmaron que presentan ventajas para un patrullaje más rápido y la posibilidad de captura de imágenes. Esto arroja como resultado una información directa y clara acerca de la situación en las ciudades con el objetivo de que se cumplan las directrices del confinamiento. En Valencia incluso aprovecharon para gestionar un sistema de multas basado en la información obtenida a partir de los drones. La lista sigue: países como Jordania, Francia, Grecia y Estados Unidos también los utilizan como medio estatal eficaz para controlar a la población.


Analizando los diferentes casos de los países mencionados, cabe preguntarnos qué tan respetuoso resulta el uso de drones de los derechos a la intimidad y a la privacidad. En particular, teniendo en cuenta que pueden venir equipados con cámaras que registran todo y que se les puede agregar un amplio catálogo de herramientas, entre ellos, sensores térmicos, sistemas de reconocimiento facial, equipos de desinfección o altavoces.


En el ámbito jurídico, la discusión en torno a los drones ha ido creciendo en las últimas décadas, aunque todavía continúa siendo un tema bastante incipiente. Los drones presentan dos cuestiones novedosas a la hora de darles un encuadre legal: primero, son vehículos aéreos no tripulados y, segundo, poseen una amplia variedad de formas y características. Por ello, se presentan especiales dificultades en torno a la atribución de responsabilidades por sus acciones y consecuencias, y no hay un parámetro claro sobre qué puede ser considerado un dron y qué no.


Las primeras apariciones de estos vehículos se dieron en el uso militar. Por ese motivo, la primera rama jurídica en abordar la cuestión fue el Derecho Internacional Humanitario. Estos dispositivos son interpretados a la luz del Protocolo adicional I a los Convenios de Ginebra, que no los menciona específicamente pero sí nos brindaría un parámetro jurídico con respecto a su diseño técnico y sus posibles métodos de empleo en un campo de batalla.


La Asesora Jurídica Superior del Comité Internacional de la Cruz Roja, Jelena Pejic, escribió en 2015 al respecto. En particular, advertía sobre su uso no solo militar sino también policial para mantener el orden y el control, explicando que el empleo de estos drones colisiona con la protección de la privacidad. Esto, que según Pejic ya empezó a suceder en Estados Unidos, nos lleva a pensar sobre la inminente posibilidad de que se susciten los mismos problemas en los países donde se comenzaron a implementar los drones recién ahora, a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19.


En Argentina, la pandemia y la “lucha contra un enemigo invisible”, como dijo nuestro presidente, fueron causales para avanzar sobre una serie de derechos que se erigen como fundamentales para resguardar el Estado de Derecho y el orden constitucional. Las autoridades locales, en concordancia con las nacionales, se arrogaron facultades excepcionales que coartan los derechos más sagrados que se encuentran plasmados en la Constitución Nacional, como la libertad ambulatoria, la libertad de reunión y el derecho a trabajar, entre tantos otros. Ante la tendencia mundial a implementar drones en el contexto de la pandemia, me interesa adelantarme en el debate jurídico para que su posible futura utilización en Argentina no siga esa línea y avasalle los derechos que tenemos como ciudadanos.


La Constitución Nacional consagra en el artículo 19 el derecho a la intimidad y a la privacidad. De esto se desprende que el accionar de las distintas autoridades estatales deberá respetar la intimidad y la privacidad de las personas, por lo que está limitada a ciertas pautas legales y morales que permitan el efectivo goce de estos derechos. La Corte Suprema de Justicia en el caso “Ponzetti de Balbín, Indalia c/ Editorial Atlántida S.A.” ya adelantó que: “(…) el derecho a la privacidad e intimidad (…) en relación directa con la libertad individual protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio individuo, y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real o potencial para la intimidad.” En el mismo sentido, se pronunció el Dr. Petracci en su voto en el fallo “Bazterrica, Gustavo Mario – Alejandro Carlos Capalbo”.


Podemos ver que la intromisión por parte de las autoridades en la vida íntima está vedada. No obstante, esta regla tiene su excepción por el mantenimiento del orden público. Como explica Barrera Buteler (2015)[1], las “acciones públicas” encapsulan los comportamientos externos que inciden o afectan los derechos o la convivencia humana social, el orden y la moral pública, así como a las instituciones básicas de la vida en sociedad. Por lo tanto, estas acciones constituyen conductas jurídicas regulables y se las exceptúa de ser consideradas “privadas”.


Si las autoridades deciden utilizar drones, deberán hacerlo dentro de un marco jurídico que respete estos derechos a la intimidad y privacidad. Su uso deberá implementarse a través de una ley clara que establezca estrictos parámetros de uso para que no se produzcan situaciones que impliquen el reproche por parte de la sociedad. Ello se vincula con el principio de legalidad del citado artículo 19 de la Constitución, que implica que las acciones estatales deberán estar circunscriptas a lo que el texto legal refiere. Es muy importante destacar esto último ya que la tecnología que utilizan los drones tiene la potencialidad de configurar violaciones de todo tipo a la intimidad. Por ejemplo, permiten sobrevolar propiedad privada captando imágenes de todo lo que realizamos o tenemos en nuestro domicilio.


Asimismo, puesto que una de las características de los drones es la dificultad para identificar a su operador, el marco jurídico también deberá abordar la responsabilidad de aquellos que transgredan los límites de su uso. Para ello, deberá implementarse una inteligente y clara logística interna dentro de cada una de las reparticiones públicas que se encarguen de manejarlos.


Más allá de las consideraciones anteriores, muchas son las preguntas que aún rodean al tema y pocas las respuestas porque el sistema legal guarda silencio y la sociedad todavía no reflexiona al respecto. Por ese motivo, invito a que todos nos empecemos a preocupar por estas cuestiones que vienen de la mano del avance tecnológico. Solo si nos adelantemos a los cambios vamos a poder garantizar el efectivo y pleno goce de los derechos que todos y todas tenemos.


Valoramos la pluralidad de opiniones. Las notas publicadas por Política en Jaque no necesariamente representan los valores de la organización.

[1] Barrera Buteler, G. (2015). Capítulo 4. En Manual de Derecho Constitucional (Vol. 1, pp. 382-388). Córdoba, Argentina: Advocatus.

© 2020 Todos los derechos reservados. Política en Jaque - Organización Política.