INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Ley mata corrupción: una utopía


En los vaivenes de nuestra situación política, económica y social es común escuchar reflexiones sobre la actualidad del país. No es raro oír algún comentario sobre nuestro destino perdido. Con nostalgia se añoran esos años en los que cumplíamos el llamado -casi divino- para ser un país de “primer mundo”... una potencia… aquel Imperio argentino que nacía a principios del siglo XX. “Podríamos ser Canadá o Australia” se sentencia al rememorar aquella década en la que fuimos la séptima potencia del mundo o aquel 1895 en el cual tuvimos el PBI per cápita más alto del mundo.


Por Luis Esquivel


Estas reflexiones suelen estar acompañadas de una valoración personal que pretende responder la gran pregunta: ¿qué salió mal? Las respuestas son tantas como personas decidan responder: es culpa de tal partido, de los golpes de Estado, de la Izquierda o de la Derecha, de la intervención extranjera, de los grupos empresarios, sindicales, oligárquicos y/o el campo.


Sin embargo, estas respuestas tan diversas y contradictorias (o quizás complementarias) encuentran un elemento que las atraviesa: la corrupción. Es un mal que nos atormenta y que no conoce partido ni ideología ni profesión. Basta con encender las noticias para escuchar un sinnúmero de hechos de corrupción tanto del oficialismo como de la oposición. No quedan exentos de estas acusaciones fundaciones, partidos políticos, empresas, ni sindicatos.


¿Qué podemos hacer? Como respuesta mágica parece que la solución la tiene una de las instituciones básicas del Estado de Derecho: la Ley. Con el recrudecimiento de las penas contra los actos de corrupción o la sanción de una buena ley de ética pública, se puede solucionar el problema. Esta respuesta idealista del derecho encuentra un gran freno: la realidad, que es en definitiva la única verdad.


Desde la base normativa de nuestro sistema jurídico (la Constitución) se pueden observar los intentos de prevenir la acumulación del poder -que conduce tarde o temprano al abuso del poder y a la corrupción- mediante la organización de las funciones del Estado en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada uno de ellos con sus propias funciones y actuando como contrapeso de los demás.


Asimismo, encontramos intentos para prevenir y sancionar la corrupción en leyes nacionales (por ej. Ley de Administración Financiera), en Tratados Internacionales firmados por Argentina (por ej. Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales) y con la creación de organismos destinados a tal fin (Oficina Anticorrupción, Sindicatura General de la Nación, Auditoría General de la Nación, etcétera).


¿Qué sucede en la práctica? Investigaciones judiciales eternas, causas que prescriben y una percepción constante de impunidad ante el accionar deficiente (o inacción) de los mencionados mecanismos.


Tomemos un ejemplo para observarlo en concreto: la Oficina Anticorrupción (OA) fue creada por la Ley 25233 y tiene como objetivo -entre otros- recibir denuncias por hechos de corrupción, realizar investigaciones preliminares a agentes estatales que puedan estar vinculados con estos hechos, denunciar judicialmente hechos que puedan constituir delitos y elaborar programas y políticas para fortalecer la ética pública.


A primera vista parece un gran logro. Sin embargo, si se analiza su lugar en la Administración Pública se descubre que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es decir que quien llevará adelante la conducción del organismo es designado y removido a dedo por la mera voluntad del Presidente de turno. No hay concurso público, no interviene el Congreso, su titular no es votado por el pueblo y la Oficina no cuenta con autarquía financiera o administrativa. No temo equivocarme al afirmar que nació con el fin de no funcionar. Me lo confirma un simple hecho: su titular es Laura Alonso, confesa militante del oficialismo. Ahora bien, dejo una pregunta abierta al lector, ¿cree que una reforma legislativa pueda hacer funcionar correctamente al organismo?


Recientemente el Presidente Mauricio Macri anunció un plan para luchar contra la corrupción. Me es inevitable recibirlo con escepticismo. Me pregunto si realmente vamos a poder combatir la corrupción con más normas, regulaciones, organismos o comités que tiendan a fortalecer la ética pública o los mecanismos de control.


Un sabio profesor de la Facultad de Derecho nos dijo: “Para el argentino la ley es una sugerencia y el que la cumple es porque todavía no encontró la forma de violarla”. Me gustaría creer que no es así. Pero no resulta difícil encontrar ejemplos cotidianos que lo confirman. Basta con salir a una esquina cualquiera y observar el respeto (o no) a los colores del semáforo.


Entonces, ¿estamos perdidos? Yo creo que no. Pero debemos acordar un punto de partida diferente, reconocer que no existen respuestas mágicas: la ley, por sí misma, en forma vertical no puede cambiar la realidad. Ninguna norma o tratado u organismo puede combatir la corrupción tan eficazmente como la participación democrática constante de todos los ciudadanos, que deben ser intolerantes a toda forma de corrupción, llevar el debate sobre la transparencia a todos los ámbitos, y finalmente, cumplir y exigir el cumplimiento de las normas (aun aquella que a simple vista parece insignificante).


Gramsci una vez dijo: “Lo que sucede, el mal que se abate sobre todos, acontece porque la masa de los hombres abdica de su voluntad, permite la promulgación de leyes, que solo la revuelta podrá derogar; consiente el acceso al poder de hombres, que solo un amotinamiento conseguirá luego derrocar”. Hoy tenemos el desafío de seguir abdicando de nuestra voluntad y ser cómplices pasivos de la corrupción o asumir nuestro rol como ciudadanos responsables y exigir absoluta transparencia a nuestros conciudadanos y especialmente a quienes hoy ocupan cargos públicos.


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