INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Las dictaduras son un juego en equipo

Desde 1983 hasta el día de hoy, las reflexiones acerca de la última dictadura militar se han centrado únicamente en la responsabilidad de las juntas militares. Pero lo cierto es que para que una dictadura funcione, se deben coordinar muchos actores sociales. Una parte importante de mantener viva la Memoria, la Verdad y la Justicia consiste en romper con la imagen establecida para poder identificar a todos los sectores que hicieron posibles nuestros años más oscuros.


Por David Bocero

Fuente: Infobae

Introducción

En el imaginario colectivo, persiste desde hace muchos años la idea de que la totalidad de la responsabilidad y conducción de la última dictadura militar argentina (1976-1983) recayó únicamente en las fuerzas armadas. Esta visión tiene diferentes sustentos en la realidad. Los más fuertes son los creados por el Juicio a las Juntas llevado a cabo durante el año 1985 y los Juicios por la Verdad que se desarrollaron entre 1999 y 2008. En ambas instancias judiciales, los principales acusados, enjuiciados y condenados fueron altos mandos de la cúpula militar. Sin embargo, la historiografía más reciente ha avanzado enormemente a la hora de encontrar pruebas y conexiones que respaldan una teoría que, de a poco, llama nuestra atención acerca de qué es lo que deberíamos dar por sentado a la hora de pensar sobre este tema.

Esto responde a que en verdad, una dictadura no es capaz de sostenerse a sí misma solamente utilizando la represión y el terror como mecanismos de control social. Parafraseando a Nicolás Maquiavelo, es preferible que un gobierno sea amado o temido. Si bien la dictadura del llamado Proceso de Reorganización Nacional optó por ser temida por la mayoría de la población, de todos modos le era necesario el amor de algunos sectores para llevar a cabo su cometido. En este contexto, mantener vivas y fuertes la Memoria, la Verdad y la Justicia por las que tanto se ha luchado demanda indagar acerca de cuáles fueron esos sectores.


Relaciones internacionales

Es imposible comprender un hecho o proceso de la historia de un país sin colocarlo dentro de su respectivo contexto internacional. Por eso, un análisis adecuado del golpe debe partir del accionar del principal director del teatro de operaciones que fue América Latina durante la Guerra Fría: Estados Unidos.


El estudio llevado a cabo por Leandro Morgenfeld analiza las vicisitudes de las relaciones entre los Estados Unidos y Argentina durante el período de la dictadura y deja en claro que el golpe de Estado hacia el gobierno de Isabel Perón fue bienvenido por el gobierno norteamericano, aun cuando en un comienzo este se abstuvo de brindarle apoyo inmediato. Esto obedeció a que, por entonces, todavía no había transcurrido mucho tiempo desde el golpe de Estado de Chile, en el que la C.I.A. se había visto directamente involucrada. Además, el año 1976 era un año electoral en EE.UU., por lo que la gestión del Partido Republicano había decidido no apoyar públicamente a una dictadura que había cometido violaciones a los derechos humanos desde el principio.


A pesar de todo esto, “el anuncio del plan de Martínez de Hoz, llevó a la Administración Ford a otorgar ayuda financiera a la Junta Militar encabezada por Videla. En los meses siguientes, fluyó también la asistencia militar. El ministro de economía, según la Casa Blanca, era una garantía para los intereses económicos estadounidenses en la región. Y el gobierno de facto, una garantía para el combate contra la subversión”(Morgenfeld;2016). Otro de los motivos del apoyo del gobierno estadounidense a la gestión de Videla radicó en que aquel era visto como el representante de una línea moderada dentro de la Junta Militar; es decir, un mal menor ante una línea dura que no podían acompañar.


Luego del golpe y ante los sucesivos cambios de gobierno en los Estados Unidos, el apoyo hacia la dictadura argentina atravesaría algunos altibajos con el acercamiento comercial de Videla a la Unión Soviética y las críticas que desde Norteamérica se dirigieron hacia las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, el apoyo económico y político (tácito) no se retirarían totalmente sino hasta la Guerra de las Malvinas, cuando las acciones de la dictadura colisionaron directamente con los compromisos asumidos por Estados Unidos con sus restantes aliados.


Empresarios

A la hora de reprimir a aquellas personas y grupos que la dictadura definía como “elementos subversivos”, fue necesaria la colaboración de los gerentes y dueños de los espacios laborales. Como detalla el estudio de Victoria Basualdo, estos colaboraron no sólo proveyendo a las fuerzas de seguridad con datos personales de los objetivos, sino que también permitieron la militarización de las fábricas, colaboraron activa o pasivamente con el secuestro de algunos de sus empleados y, en el peor de los casos, mantuvieron centros de detención clandestinos dentro de los predios de las compañías.


En su artículo, Basualdo cita un estudio interdisciplinario realizado en 2014 por el Área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, ambos pertenecientes al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En dicho estudio, se analizaron los casos de 25 empresas que recibieron denuncias de colaboración con la represión en distintos grados para comparar los distintos supuestos, extraer datos estadísticos e identificar factores comunes. Las empresas analizadas, dependiendo de la zona geográfica del país en que se encontraban asentadas eran: en el noroeste argentino, “Ledesma”, Minera “El Aguilar”, “La Veloz del Norte”, “Grafanor” y los ingenios “La Fronteriza” y “Concepción”; en las zonas sur y este de la provincia de Buenos Aires, “Alpargatas”, “Molinos Río de la Plata”, “Swift”, “Propulsora Siderúrgica”, “Astilleros Río Santiago” y “Petroquímica Sudamericana”; en el norte y este de Buenos Aires, “Grafa”, “Ford”, “Mercedes-Benz”, “Lodazur y Cattaneo”, “Astilleros Astarsa y Mestrina”, “Dálmine-Siderca” y “Acindar”. En el interior de la misma provincia, también hallamos “Loma Negra” y “La Nueva Provincia”. Por último, podemos ubicar a “Las Marías” en el noreste argentino y a “Fiat” en Córdoba.


Algunas de las conclusiones del estudio arrojan datos que señalan que en el 88% de las empresas analizadas hubo casos de secuestros de empleados y despidos forzados de obreros activistas, incluyendo supuestos en que estos fueron desaparecidos o asesinados. A su vez, en un 76% de las compañías, se compartieron datos privados de los trabajadores con el ejército y en un 72%, se permitió el ingreso de militares a las fábricas para imponer disciplina. Por otro lado, entre otros datos se destaca que en un 24% de las empresas funcionaron centros clandestinos de detención y en un 16%, se retuvo y torturó a trabajadores dentro de sus instalaciones. En particular, estas dos últimas actividades se llevaron a cabo en empresas como “Ford”, “Ascindar”, “Astillero Río Santiago”, “Ingenio La Fronteriza” y “La Veloz del Norte”.


Más allá de estos casos de colaboración directa con la represión, muchas otras empresas se vieron beneficiadas económicamente con los planes y acciones del ministro Martínez de Hoz. Por lo tanto, se puede decir que -en líneas generales- los sectores relacionados con el gran poder empresarial estaban de acuerdo con la dictadura y la apoyaron en mayor o menor medida.

Medios de comunicación

Para comprender (aunque no así justificar) el rol de los medios hegemónicos de comunicación durante la dictadura, es necesario entender que ya desde años anteriores al golpe, los multimedios compraron y vendieron un discurso basado en la guerra contra la subversión. En este relato, se situaba a las fuerzas de seguridad (representadas por José López Rega durante el gobierno peronista y por la dictadura con posterioridad) en una guerra abierta contra fuerzas “terroristas subversivas”, que abarcaban tanto a los guerrilleros como a los militantes políticos de los partidos asociados (justificadamente o no) a la actividad guerrillera. Con esta idea asentada en la sociedad, los medios y la gente influenciada por ellos solicitaban cada vez más severidad y dureza por parte del gobierno en esta lucha, junto con una mayor participación de las fuerzas armadas.


Cabe destacar que esta construcción sustentada en un conflicto bélico nunca trascendió el discurso mediático, ya que desde la perspectiva del derecho internacional, en Argentina nunca hubo una verdadera guerra durante este período. Sin embargo, cuando el fruto de este relato desembocó en el golpe de Estado del ‘76, el rol de los medios consistió en mantener y apoyar al nuevo régimen a través de todos los canales posibles. Es así que, como explica el artículo de Florencia Saintout y Josefina Bolis, una de las primeras acciones ilegales de los grupos de comunicación hegemónicos fue monopolizar por completo la producción y venta de papel para periódicos.


“Papel Prensa Sociedad Anónima” era en tiempos de la dictadura la única empresa del país que producía pasta celulosa para la producción de papel de diario. Su dueño, David Graiver, murió en un “confuso” accidente aéreo el 7 de agosto de 1976. Su testaferro, Rafael Iannover, fue atacado en su casa por un grupo de tareas que mantuvo a su esposa e hijo secuestrados durante muchas horas. El 2 de noviembre del ‘76, Lidia Papaleo (la viuda de Graiver) y sus suegros fueron obligados mediante tortura y amenazas a firmar la venta de sus acciones a “FAPEL S.A.”, una empresa de propiedad de los grupos de medios “Clarín”, “La Nación” y “La Razón”. Cinco días después de la firma, Papaleo, sus suegros y Iannover fueron detenidos y recluidos en centros clandestinos de detención.

Como se advierte, desde esa posición privilegiada, estos medios de difusión nacional y muchos otros de alcance local a los que “FAPEL” les vendía papel se dedicaron a legitimar la dictadura y negar las denuncias de violaciones de los derechos humanos.


Conclusión

Para finalizar este recorrido, es necesario abordar el último sector sobre el que la dictadura ejerció influencia y del que recibió algún tipo de apoyo: la sociedad civil en general. Como hemos mencionado, la dictadura no sólo utilizó la represión y el terror como medios de control social, sino que también buscó formas de ser amada por la población. Más allá del apoyo de los altos sectores empresariales, una firme desaprobación por parte de la población hubiera hecho muy difícil el trabajo del Proceso, como lo demuestra el descontento que sucedió la derrota en Malvinas y condujo a la rápida renuncia de Leopoldo Galtieri.


Una prueba contundente de la preocupación del gobierno militar por influir en las personas puede advertirse en la realización sistemática de diferentes tipos de encuestas de opinión por parte de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Secretaría de Información Pública (SIP), el Ministerio del Interior y organismos de inteligencia del ejército. La implementación de estas herramientas es un asunto recogido en el artículo de Julia Risler y Laura Schenquer que estudia el caso concreto del año 1981, durante el gobierno del General Viola.

Según el artículo, se realizaban al menos cuatro tipos de encuestas distintas, algunas con periodicidad diaria o quinquenal y otras, de forma mensual o dependiendo de si el contexto político necesitaba de una opinión pública. Todas estas herramientas estuvieron dedicadas a asesorar a los gobernantes sobre las principales preocupaciones de los ciudadanos comunes, así como acerca de sus reacciones a las políticas y dichos del gobierno. También existieron propuestas por parte de expertos del ejército relativas al modo de mejorar la opinión pública ante índices negativos.


En el caso analizado, la incertidumbre por la crisis económica que caracterizó los últimos años de la dictadura y la desconfianza producida por los desacuerdos dentro de la Junta Militar fueron los principales problemas que las encuestas le hicieron saber a Viola. Sin embargo, ellos eran demasiado profundos y esto hizo que sus intentos de influir positivamente en la población fueran inútiles.

La preocupación de la dictadura por conseguir el aval de la población no sólo se evidenció en las sistemáticas encuestas de opinión, sino que también se vio plasmado en la monopolización de los medios de comunicación que se convirtieron en el boletín oficial del gobierno y se encargaron de construir una crítica favorable. Los discursos de guerra, de protección de los valores nacionales y cristianos y de reconstrucción de la economía fueron lo que la mayor parte de la población consumió y aceptó durante aquellos años. Pero cuando estos pilares se fueron deteriorando, la opinión pública dejó de respaldar el gobierno de facto. En consecuencia, el último gran intento de la dictadura por ser un gobierno popular terminó en un conflicto bélico perdido sobre un reclamo nacional histórico. Así, la legitimidad del gobierno militar desapareció y la vuelta de la democracia se tornó obligatoria.

Esto no hace más que demostrar que más allá de la represión y de las armas, de los medios y sus discursos y de los Estados Unidos y sus bancos, el verdadero cimiento del poder del Proceso estuvo en el apoyo de la población en tiempos de incertidumbre. Es por esto que para poder defender la Memoria, la Verdad y la Justicia, no basta con conocer a los actores sociales que dieron apoyo a una dictadura. También es imprescindible comprender que en todo momento y lugar, el poder siempre está en manos de la gente “común”.

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