INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

La monarquía española, en jaque

Con las recientes denuncias e investigaciones en contra del rey emérito Juan Carlos I, nuevamente se abre el debate en torno a la legitimidad de la monarquía en España. ¿Cuál es el futuro de la corona española? ¿Es posible el establecimiento de una nueva república?


Por Ada Font Burdoy, corresponsal en España


El ex rey Juan Carlos I (izquierda) junto a su hijo, el actual rey Felipe VI. Foto: Getty Images

Crisis de legitimidad: los escándalos en torno al rey emérito Juan Carlos I


El papel y legitimidad de la monarquía en España ha ido deteriorándose con el paso de los años. Este hecho no es casual si entendemos los sucesos acaecidos durante los últimos años en relación a la familia real. En 2010 se comienzan a hacer públicas las tramas de corrupción política del caso Nóos que ponen en el punto de mira a la Infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarin. Al año siguiente, la Casa Real se desmarca de las actividades de esa parte de la familia y se rehúsa a hacerlos partícipes de actos oficiales. En el tradicional discurso del rey del 24 de diciembre, afirma que “la justicia es igual para todos”. El 2012 no fue menos convulso para la familia real, ya que el entonces monarca, Juan Carlos I, fue operado de la cadera debido a una cacería de elefantes en Botsuana pagada con el dinero de los contribuyentes. El rey, al salir del centro médico, hizo una breve declaración pública que caló en la población española por insuficiente: “Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”.


Finalmente, en 2017, la Audiencia Provincial de Palma dictó sentencia fallando en contra de Urdangarin imponiéndole una condena de seis años y tres meses de prisión y una multa de 512.000 euros por prevaricación en concurso con falsedad en documento público y malversación de caudales, fraude a la administración, tráfico de influencias y dos ilícitos penales contra la Hacienda Pública. En cambio, la infanta Cristina fue absuelta tras declarar en el juicio su desconocimiento de las actividades delictivas de su marido.


Las actividades ilegales de la Casa Real también afectaron al hoy emérito rey Juan Carlos I. Todo comenzó en 2008, cuando el monarca recibió una presunta donación de 100 millones de dólares por parte del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita. Esta donación supuestamente se trataba de una comisión por la adjudicación de empresas españolas por la construcción de la línea ferroviaria AVE (Alta Velocidad Española) que une a las ciudades de Medina y la Meca. Por otra parte, en 2012, el emérito rey Juan Carlos I dio “por amor y gratitud” a Corinna Larsen, su ex amante, 65 millones de euros que quedaban en la cuenta en la que depositó el dinero de la supuesta donación.


En 2018, Larsen declaró ante un fiscal suizo que las donaciones de Arabia Saudita en realidad eran comisiones, y confesó haber actuado como testaferro del ex rey para ocultar su fortuna, anteriormente situada en un banco suizo. Estas declaraciones fueron grabadas por el excomisario de policía José Manuel Villarejo, actualmente en prisión provisional sin fianza y acusado por los delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales.


Ante tal suceso de acontecimientos, la justicia española comenzó a investigar. Sin embargo, ese mismo año, la Audiencia Nacional archivó el caso por no encontrarse pruebas suficientes en contra del rey. Además, reiteró que no se lo podría juzgar ciñéndose al artículo 56.3 de la constitución, en el que se establece que la figura del rey es inviolable. Cabe mencionar que, en ese entonces, aún no se habían hecho públicas las declaraciones de Larsen en aquel momento.


En 2019, se inició la única investigación al rey emérito que continúa abierta en la justicia española. Esta investigación es de la Fiscalía e investiga los indicios de cohecho internacional por las supuestas comisiones del AVE y el papel de Larsen en la trama. Ese mismo año, se abrió una investigación suiza por el mismo hecho. A finales de año, el fiscal encargado del caso por la justicia suiza llamó a declarar en calidad de investigada a la ex amante del rey, quien solo unos meses antes había enviado un comunicado en el que negaba que el dinero recibido por Juan Carlos I perteneciera a comisiones y que se trataba de un regalo por haberlo cuidado en un período en el que no gozaba de buena salud.


Finalmente, a comienzos de este año, Larsen aseguró haber sufrido amenazas por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desde antes de 2012, y que emprendería una denuncia contra el rey emérito en el Reino Unido donde ya no sería inviolable. El pasado 15 de marzo se produjo un acontecimiento histórico: Felipe VI, hijo de Juan Carlos I y actual rey de España después de la abdicación en 2014, renunció a la herencia de su padre. De este modo, buscó desmarcarse de las actividades de su padre y crear cierta distancia entre ambos reinados. Esto se produjo luego de conocerse por un artículo de The Telegraph que Felipe VI era el segundo beneficiario de la fundación por la cual se produjo la supuesta donación de Arabia Saudita al monarca. Al mismo tiempo, el rey emérito dejó de percibir su asignación financiera anual como antiguo monarca como indica el artículo 65.1 de la constitución española.


En medio de todos estos acontecimientos, los juristas debaten si el rey goza de inmunidad o no, si podría ser juzgado actualmente por estos delitos siendo emérito, y si se trata o no de actividades relacionadas a su cargo. Frente a esto, podrá pensar Juan Carlos que quizá la justicia sea igual para todos cuando con todos nos referimos a los otros.

Juan Carlos I durante una visita en Arabia Saudita al difunto rey Fahd. Foto: REUTERS

El debate en torno al futuro de la monarquía


A lo largo de los años, la monarquía ha ido menguando su valoración. De esta manera, un asunto que al inicio de la democracia se consideraba tabú y fuera del debate, hoy en día es cuestionable. El momento en el que más discutida se ha visto la monarquía ha sido durante los escándalos anteriormente descritos y, junto con ello, a partir de la abdicación del rey Juan Carlos I en 2014. Especialmente, Podemos fue uno de los partidos que más puso en duda al monarca en el momento de la sucesión. Sin embargo, a lo largo del tiempo, ha ido moderando su posición en relación a la Casa Real. Concretamente, en el tradicional discurso de Navidad del rey, Pablo Echenique, dirigente de Unidas Podemos (UP), alabó su tono “moderado”.


En relación a la propuesta fallida de abrir una comisión de investigación al rey emérito por las supuestas comisiones ilegales, UP votó a favor, al igual que los nacionalistas vascos y catalanes. En cambio, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Popular (PP), Ciudadanos (C’s) y Vox votaron en contra. Hablando sobre la posición de los diferentes partidos políticos en referencia a este tema encontramos opiniones muy dispares. El PSOE, aunque en su inicio fue fundado como un partido republicano, ahora no es nada más lejos de la realidad. En el libro titulado Adiós Princesa, escrito por David Rocasolano, primo de la actual reina, cuenta cómo el actual rey de España dice que la monarquía se siente más a gusto con el PSOE que con el PP, este último de un corte más conservador. Ello no obsta a que, a su vez, el Partido Popular ve con buenos ojos la monarquía: su líder, Pablo Casado, dice que el gobierno está utilizando una cortina de humo con la actual polémica de Juan Carlos I para tapar su gestión del COVID-19.


Por parte de los nacionalistas catalanes, concretamente el ERC, el vicepresidente del gobierno catalán, Pere Aragonés, define a la monarquía como una organización criminal. Cabe destacar el paralelismo entre esta acusación y aquella dirigida familia Pujol. Mientras tanto, los reyes, ajenos a las críticas, recorren España en una gira para apoyar al turismo local.


No obstante, debemos contextualizar la situación. España no es la única monarquía de Europa; la acompañan Reino Unido, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega y Luxemburgo, entre otros. Sin embargo, en contraposición a sus socios europeos, España es incapaz de actualizar legislativamente el país mediante la constitución. En España son pocas las enmiendas que se han realizado desde la aprobación de la constitución en 1978 en contraposición a sus socios europeos.


Lo cierto es que, lamentablemente, resulta difícil que España cambie su forma política del Estado de una monarquía a una república. En primer lugar, porque para producirse tal acontecimiento se debería cambiar la constitución, concretamente su artículo 1.3. Tenemos que entender este hecho teniendo en cuenta que la reforma de la constitución ha resultado un tema tabú en España. Para que se produjese una reforma de estas características debería aplicarse el artículo 168 de la constitución, ya que al querer variar un artículo del Título preliminar se ha de producir una revisión total. Para proceder a la realización de esta nueva constitución se debería tener una aprobación de una mayoría de 2/3 de cada cámara legislativa, disolverse, elegirse unas nuevas cámaras mediante elecciones, ratificar la decisión en las cortes, estudiar una nueva constitución y aprobar el nuevo texto por 2/3 de ambas cámaras. Si todo ello se cumple, incluso habría que someter el nuevo texto constitucional a referéndum obligatorio.


Tras haberse puesto numerosas veces en la agenda política una posible reforma, solo se han producido dos enmiendas: la primera al artículo 13, en 1992, para dar derecho a sufragio a los extranjeros en las elecciones municipales; y la segunda al artículo 135, en 2011, para priorizar el pago de deuda pública por encima de partidas como sanidad o educación. En estos dos casos se produjo una revisión parcial de la constitución prevista en su artículo 167, que establece el referéndum como facultativo (por lo que en ninguno de ellos se llegó a realizar).


España tiene miedo a una reforma porque mover una sola pieza puede derribar todo el sistema. No hubo una transición real hacia la democracia cuando murió el dictador Franco en 1975. No hay frase que relata de manera más elocuente y clara la transición española que “de la ley a la ley a través de la ley”, pronunciada por Torcuato Fernández-Miranda, asesor del rey. No hubo una construcción de instituciones y mecanismos democráticos desde cero, sino que se utilizaron los existentes durante el período dictatorial. Jamás se rompió con el sistema despótico anterior. Si, por ejemplo, observamos los tribunales, los antiguos jueces franquistas no se convirtieron en democráticos de la noche a la mañana. Concretamente, el Tribunal de Orden Público encargado de juzgar delitos políticos actualmente corresponde a la Audiencia Nacional.


En segundo lugar, una transición republicana es realmente improbable por la visibilidad social de la monarquía. Según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), los españoles no creen que la monarquía sea uno de los principales problemas de España en los últimos años. Pese a esto, debemos ser críticos con los datos y analizarlos correctamente. Desde 2015, no hay preguntas específicas por parte del CIS en las que se cuestione la opinión de la población sobre la monarquía y el presidente de la institución, José Félix Tezanos, perteneciente al PSOE, no pone sobre la mesa reintroducir esas preguntas. Mientras tanto, el gobierno de PSOE y Unidas Podemos aseguran no preguntar sobre la monarquía porque no es un problema para los españoles.


De esta manera, solo podemos valorar a la monarquía en base a barómetros y encuestas no oficiales; por ejemplo, realizadas por periódicos de ámbito nacional. En una encuesta reciente de El Confidencial, el 50,8% de los españoles apoya a la monarquía. Algunas veces, los periódicos no gozan de los recursos suficientes para realizar encuestas a partir de las que podamos hacer inferencias. Aunque, en este ejemplo concreto, no necesariamente debe ser un resultado incorrecto, debemos situarnos neutrales frente a la veracidad de los datos. Cabe recordar que en 1980, en EE.UU., un diario según una encuesta propia dio erróneamente la victoria a Carter en la carrera presidencial al subestimar a la población negra, pero finalmente ganó Reagan. Por otra parte, si nos fijamos por comunidades autónomas, el asunto no es nada homogéneo: en País Vasco y Cataluña es donde las encuestas perciben la puntuación más baja.


Que los ciudadanos y ciudadanas puedan escoger la forma de organización del Estado es un imperativo democrático. El sometimiento de la monarquía a referéndum en el proceso de revisión total de la constitución que describimos anteriormente no debe resultar insólito. Más allá de nuestro posicionamiento político, no debemos despojarnos del sentido crítico y del amor a las formas de Estado democráticas. Como dijo el gran Del Valle-Inclán: “los españoles han echado al último Borbón no por Rey, sino por ladrón”, refiriéndose a Alfonso XIII. Los tiempos han cambiado pero la frase se mantiene como un clásico atemporal.

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