INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

La investigación que dejó al desnudo a la CIA

El 3 de diciembre de 2014, el Senado de los Estados Unidos desclasificó el resumen de un extenso informe que tomó seis años realizar. Allí se describen los métodos de tortura ilegal, inhumana e ineficaz que utilizó la CIA para interrogar a los sospechosos del atentado a las Torres Gemelas en 2001, con el fin de evitar futuros ataques (pese a que sabían de antemano que estos métodos no servirían para conseguir información real). Frente a este caso, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿el fin justifica los medios, incluso cuando ese fin no sea real?

Por David Bocero Ferreira

El atentado y la investigación

La senadora por el estado de California, Dianne Feinstein, comenzó sus labores en el Comité de Inteligencia del Senado en enero de 2001. El trabajo de la "comisión" (tal como se conoce en Argentina a estos grupos de supervisión), compuesta por senadores de los dos partidos presentes en la cámara legislativa, consistía en supervisar las acciones de las agencias de inteligencia del país. En septiembre de ese mismo año, se produjo un evento que conmocionó a toda la sociedad estadounidense y a gran parte del mundo: los atentados del 9/11, que se llevaron la vida de más de tres mil personas. Este suceso tuvo como consecuencia una agresiva respuesta por parte del gobierno de Bush en Medio Oriente. Tan solo un mes después, comenzó la guerra de Afganistán, la cual aún persiste hasta nuestros días. De la misma manera, ante el miedo generalizado de más ataques terroristas en suelo estadounidense, el Comité de Inteligencia alentó a la CIA a tomar cartas en el asunto.

Feinstein reconoce en las páginas iniciales del informe (del cual ya hablaremos en detenimiento) el rol que tuvo el Comité a la hora de presionar a la CIA y también recuerda la sensación y el miedo popular por los hechos acaecidos:

[...]Vale la pena recordar el miedo generalizado a fines de 2001 y cuán inmediata se sintió la amenaza [...] El público estadounidense se sorprendió por la noticia de nuevas conspiraciones terroristas y elevaciones del nivel de amenaza codificado por colores del Sistema de Asesoría de Seguridad Nacional. Esperábamos nuevos ataques contra la nación.

Intenté recordar el impacto en la nación y en la fuerza laboral de la CIA a partir de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Puedo entender el impulso de la CIA de considerar el uso de todas las herramientas posibles para reunir inteligencia y eliminar a los terroristas del campo de batalla y de la CIA. Los líderes políticos y el público lo alentaron a hacer todo lo posible para evitar otro ataque.

El Comité de Inteligencia a menudo empuja a las agencias de inteligencia a actuar rápidamente en respuesta a amenazas y eventos mundiales. [1] (página 5).


En 2007, según se relata en la introducción del informe, el Comité de Inteligencia tomó conocimiento de que la CIA había destruido una gran cantidad de cintas de video relacionadas con interrogatorios en el marco de la investigación antiterrorista. Frente a ello, se le solicitó al organismo de inteligencia que permitiese el ingreso a sus instalaciones de enviados del Senado para investigar las transcripciones de esos videos. La CIA aceptó como una mera formalidad, sin imaginar con lo que se terminaría encontrando. La senadora Feinstein envió a su investigador Daniel Jones, junto a otras pocas personas como Alissa Starzak, a leer los informes que la CIA les suministró (que claramente no representaban la totalidad de los archivos secretos de la organización). Tras presentar el informe sobre el objetivo inicial del Comité, el equipo investigador pidió permiso para investigar a fondo el programa de detención e interrogación que llevó a cabo la CIA a raíz de los hechos del 2001. El Comité votó a favor y la investigación continuó.

El equipo de trabajo (y en especial, Daniel Jones, al ser el único que se quedó a completar la investigación) se dedicó durante un lapso de seis años a leer un número aproximado de 6,3 millones de documentos, cartas, e-mails e informes de la CIA sobre sus acciones entre 2001 y 2009 [2]. Allí se descubrieron un gran número de elementos que pusieron en jaque a toda la política internacional de los Estados Unidos. Toda la información quedó plasmada en un informe de casi siete mil páginas que, vale aclarar, no es el que el Senado desclasificó en 2014 (este último solo cuenta con 700 páginas). Por razones lógicas, en este artículo me limitaré a analizar solamente la sección “Descubrimientos y conclusiones” del informe (páginas 10 a 28).

Los métodos “mejorados” de la CIA

Tras los atentados del 9/11, el presidente Bush le concedió a la CIA la autoridad para detener objetivos en el extranjero y llevarlos a dónde considerasen oportuno. Sin embargo, el documento jamás mencionó autorización para interrogar. Al comenzar las investigaciones antiterroristas, y luego de ser capturados los primeros detenidos, los agentes de la CIA comenzaron a utilizar un nuevo conjunto de técnicas de interrogación a las cuales llamaron –a modo de eufemismo, que se repite en el propio informe– “técnicas mejoradas de interrogación”. Estas técnicas eran lisa y llanamente torturas, entre ellas: golpear repetidamente al individuo contra los muros, mantenerlo desnudo, privarlo del sueño con ruidos incesantes y/o en posiciones estresantes (por ejemplo, mantenerlo de pie y encadenado), simular su ahogo arrojándole agua con la cara tapada por trapos, bañarlo en hielo, realizarle rehidrataciones rectales sin autorización ni asistencia médica y, sobre todo, violentarlo verbal y psicológicamente. A su vez, los interrogadores impedían el trabajo de los médicos para tratar a los detenidos.

Cabe destacar que a los prisioneros se los llevaba a centros secretos de detención en completa oscuridad, aislados, y solamente contaban con una cubeta como baño. Al respecto, en el informe se menciona que el frío de aquel lugar contribuyó a la muerte de un detenido. El jefe de interrogatorios describió a esos lugares como auténticos calabozos.

Para justificar estos actos, la CIA envió informes a todos los organismos pertinentes, incluida la Casa Blanca, declarando que los interrogatorios habían permitido el arresto de diversos terroristas. El informe del Senado cita que la CIA declaró que, además de efectivos, los "interrogatorios con las técnicas mejoradas" habían sido necesarios para conseguir “información no disponible por otros medios, que permitieron salvar vidas” (página 11). La investigación analizó los veinte ejemplos de supuestos terroristas arrestados gracias a los interrogatorios más usados por la CIA y descubrió que, en varios de ellos, no había relación entre los casos citados y la información provista por los detenidos (tanto durante como después de los interrogatorios). En el resto de los casos, se descubrió que la información supuestamente obtenida a través de las técnicas mejoradas solamente había logrado confirmar datos que la CIA ya poseía previo a utilizar estas técnicas.

Para ocultar sus métodos y poder seguir implementándolos, la CIA envió informes erróneos al Departamento de Justicia sobre las condiciones de encierro y salud de los detenidos, así como también respecto de los efectos producidos por estas técnicas. El Departamento no se molestó en iniciar una investigación independiente para corroborar los informes, sino que incluso avaló esas técnicas y las declaró legales mientras demostrasen ser útiles para conseguir información que no pudiera obtenerse a través de otros métodos. Sin embargo, quedó probado que tal información nunca existió.


La CIA también le negó al Comité de Inteligencia del Senado el acceso a los datos del programa hasta septiembre del 2006 y solo le envió informes incoherentes. Para ese momento, 117 de los 119 detenidos totales que tuvo el programa ya habían pasado por él. La CIA actuó de la misma manera con los enviados de la Casa Blanca, impidió el accionar de las demás agencias de seguridad como el FBI y hasta ocultó información a su propia Oficina de Inspección General.

En cuanto al diseño del programa, en gran parte fue planeado por dos psicólogos que la CIA contrató como asesores. Estos psicólogos, si bien tenían experiencia trabajando para las fuerzas armadas, jamás habían realizado un interrogatorio de ningún tipo ni tenían conocimientos sobre organizaciones terroristas. Tampoco contaban con nociones culturales o de idioma sobre el mundo árabe. Estos hombres llevaron adelante, de manera personal, muchos interrogatorios en los que se dedicaron a desarrollar teorías y experimentar técnicas. También eran ellos los encargados de analizar el estado psicológico de los detenidos a quienes ellos mismos habían torturado. Para trabajar con la CIA, los psicólogos formaron una compañía privada nueva, que recibió un pago de USD 81 millones por contrato y, además, un acuerdo de indemnización que protegía a la empresa y a sus empleados de las responsabilidades legales que pudiera conllevar el plan.

El resto de las conclusiones que se detallan en esta parte del informe dan cuenta de las irregularidades y negligencias que rodearon al programa. Por ejemplo, la CIA no llevó adelante un conteo eficiente de los detenidos que interrogó, ni del tiempo que los mantuvo privados de su libertad ni de los motivos por los cuales fueron detenidos originalmente. Tampoco se utilizaron métodos creíbles para medir la efectividad de las técnicas mejoradas. Y, como si fuera poco, los agentes de la CIA que fueron hallados responsables de violaciones de derechos y protocolos rara vez fueron removidos de sus cargos de poder o sancionados.

Una esperanza, con un largo camino por recorrer

Como puede suponerse, hubo fuertes trabas para llevar adelante la desclasificación de este informe y, más aún, para hacerlo público. Según declaraciones de Daniel Jones, la CIA hackeó los servidores del Senado, a fin de acceder a su trabajo y sabotearlo. También negoció con el Comité para que se tacharan los nombres y fechas que pudiesen comprometer las demás actividades de la CIA. Por este motivo, el archivo del informe presenta rayas negras que cubren partes del texto. Además, previo al día en que se hizo público el informe, el entonces Secretario de Estado, John Kerry, habló con la Senadora Feinstein para advertirle sobre las posibles consecuencias de publicar tales acusaciones y pruebas, ya que temía que se produjeran ataques a bases estadounidenses en otros países que pudieran causar el colapso de la coalición internacional en Medio Oriente.

A pesar de todo, se avanzó con la desclasificación del informe a fin de hacerlo público. Luego de seis años de arduo trabajo, Daniel Jones abandonó su puesto como investigador del Comité. Desde entonces, preside las agencias consultoras y de investigación Democracy Integrity Proyect Advanced Democracy y Penn Quarter Group, que él mismo fundó.

Este caso nos habla de dos cosas. Por un lado, nos da una mirada realista de la impunidad con la que actúan las agencias de inteligencia, violando derechos humanos de manera sistemática y sin importar los motivos. El argumento de priorizar la seguridad nacional, que quienes lo esgrimen suelen justificar bajo la tan conocida premisa de que "el fin justifica los medios", una vez más muestra sus falencias, como quedó demostrado en este caso. Las torturas llevadas a cabo, además de haber violado severamente los derechos humanos de los detenidos, fueron completamente ineficaces ya que no arrojaron ningún resultado que las “justificara” (incluso bajo los parámetros muy laxos de moralidad que propuso el Departamento de Justicia bajo el gobierno de Bush). Si la CIA sabía esto, ¿por qué seguían adelante? ¿Por qué permitieron que dos psicólogos inexpertos llevaran a cabo torturas a prisioneros, por las cuales se les pagó grandes sumas de dinero? ¿Era una suerte de venganza por los atentados? El hecho de tener que hacernos estas preguntas sobre el accionar de una agencia estatal de tal magnitud y recorrido habla de por sí de lo injustificable de este caso, y de tantos otros. En palabras de la Senadora Feinstein:

[...] Sin embargo, tal presión, miedo y expectativa de más complots terroristas no justifican, moderan ni excusan las acciones inapropiadas tomadas por individuos u organizaciones en nombre de la seguridad nacional. La principal lección de este informe es que, independientemente de las presiones y la necesidad de actuar, las acciones de la Comunidad de Inteligencia siempre deben reflejar quiénes somos como Nación y cumplir con nuestras leyes y estándares. Es precisamente en estos tiempos de crisis nacional que nuestro gobierno debe guiarse por las lecciones de nuestra historia y someter las decisiones a revisión interna y externa. (página 5).

Aún así, esta historia nos brinda una esperanza. Aquella que nos hace pensar que todavía existe una clase política e investigadores verdaderamente comprometidos con la democracia y con los derechos humanos que, a pesar de todo lo que debieron soportar, lograron que desclasificar los documentos y dar a luz las injusticias cometidas. A pesar de que eran minoría en el Congreso, y que en muchos momentos se vieron aislados, demostraron que aún en tales circunstancias es posible revelar la verdad. Sin embargo, el sistema no deja de tener sus falencias, y aún queda un largo camino por recorrer: hasta el momento, ningún agente del programa de detención ha sido sancionado o removido de su cargo.

[1] N. del E.: las traducciones que se transcriben en esta nota fueron realizadas por el autor.

[2] Sobre este evento, recomiendo la película The Report, estrenada en 2019 y dirigida por Scott Burns. Disponible en Amazon Prime.

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