INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

  • Francisco V. Caporiccio

Incongruencias de la Justicia en tiempos de emergencia

El mundo cambió y la humanidad se ve amenazada. El COVID-19 mantiene en vilo al mundo entero por la rapidez con la que se expande por todo el globo. A diferencia de otras pandemias del pasado, la globalización ha generado que, en tan solo una semana, el virus se esparciera por los cinco continentes. “Estamos en guerra contra un enemigo invisible” es la frase que con razón repite el presidente Alberto Fernández en el camino de las drásticas medidas que se ve obligado a tomar.


Por Martín Mascolo



Como dijera el politólogo Leandro Santoro, no es la Argentina, “el mundo llegó tarde” a confrontar esta nueva amenaza. Pero en nuestro país, el gobierno ha marcado una diferencia. Mientras Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil se lo tomaban a la ligera, burlándose de la preocupación mundial, el presidente y su gabinete han tomado la firme decisión de definir importantes medidas para prevenir, o al menos retardar, la situación de países como Italia y España, que día tras día nos abruman con la triste noticia de cientos de fallecidos por el virus. Incluso, han logrado entendimiento con la oposición, quienes se han mostrado dispuestos a trabajar en conjunto hasta con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodriguez Larreta, integrante del Pro y de la Alianza Cambiemos, principal fuerza opositora al Frente de Todes.


Sin embargo, no todas las autoridades del país estuvieron a la altura de las circunstancias en el momento que se requería. Desde principios de marzo, cuando la sociedad comenzaba a tomar conciencia de que el virus era un problema real, las y los trabajadores judiciales hemos estado a merced de las aparentes actitudes dubitativas e internas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). Quizás el momento más evidente fue a partir del DNU 260/2020 del jueves 12 de marzo, el cual decretaba la emergencia sanitaria. La CSJN tardó cuatro días en definir una medida que restringiera la circulación masiva de personas en el ámbito de la Justicia Nacional y Federal en todo el país. El viernes 13 y el lunes 16 las y los judiciales tuvimos que concurrir a nuestros lugares de trabajo aun con la masiva cantidad de público circulando en los tribunales. Durante la tarde se conoció la acordada de la Corte que limitó la presencia de personal y cerró la atención al público. Pero, por su forma de redacción, generó una catarata de interpretaciones. Según su antojo, muchos magristados y magistradas (jueces/zas) y/o funcionarias y funcionarios decidieron convocar empleados y empleadas con una serie de excusas y argumentos que sorprenden aún más en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo, donde la tarea es defender los derechos del conjunto de las y los trabajadores.


La acordada 4/2020 de la CSJN en el punto 1º) declaraba “[…] días inhábiles los días 16 a 31 de marzo […]” y disponía en el punto 2º) que los tribunales aseguraran “[…] una prestación mínima del servicio de justicia […], debiendo cubrirse prioritariamente con los magistrados y/o funcionarios […] que no se encuentren dentro de los grupos de riesgo […], licenciándose al resto del personal [...]” y en los puntos 5º), 6º) y 7º) establecía cuáles eran las personas completamente exceptuadas de ser convocadas. Es decir, salvo en el caso de que ni las y los magistrados, ni las y los funcionarios de un tribunal o dependencia, pudiesen asistir por estar comprendidos en alguno de los puntos antes mencionados y podríamos agregar por enfermedad o alguna otra contingencia que les impidiera concurrir a su lugar de trabajo y debiesen ser reemplazados, ninguna empleada o empleado debía ser convocado. Algunas y algunos decidieron interpretar el concepto “prioritariamente” como la facultad de convocar al resto del personal si así lo consideraban, o se ampararon en el punto 4º) de la acordada, el cual establecía “[…] que en los asuntos que no admitan demoras, las partes podrán solicitar habilitación de días y horas inhábiles […]”, para justificarlo. En algunas dependencias, nos hemos encontrado hasta seis personas o incluso la totalidad del personal. Todas situaciones injustificables, habida cuenta de que hubo magistradas/os y funcionarias/os que, entendiendo la gravedad de la situación, asumieron su responsabilidad y en algunos casos solo se encontraba una o uno de ellos.


Durante tres días seguidos (del 17 al 19 de marzo inclusive), quienes integramos la Comisión Interna del Fuero del Trabajo nos vimos obligados a recorrer los lugares de trabajo para ponerle freno a esta irresponsabilidad frente a una situación tan grave como lo es una pandemia que nos pone en peligro a todos y todas. No era nuestra intención confrontar con magistrados/as y funcionarios/as, entendemos que también son personas que deben ser cuidadas y que muchas y muchos de ellos son personas que se encuentran entre las consideradas factor de riesgo, pero nos vimos obligados y obligadas a ponernos firmes para que las autoridades de varias dependencias desistieran de seguir convocando al personal. Fueron tres días de diálogo, discusión o denuncias dependiendo de las circunstancias hasta que finalmente, gracias al trabajo conjunto con el resto del sindicato y dejando de lado las diferencias, logramos que ningún juzgado siguiera convocando al personal si la situación no lo ameritaba. Ese jueves durante la noche el presidente anunció el “aislamiento social preventivo y obligatorio”. El viernes nadie fue a trabajar y durante la tarde la corte finalmente definió declarar la “feria extraordinaria”.


Esta inoperancia de la Corte nos puso en peligro al conjunto de las y los judiciales. La feria podría haber sido declarada el viernes 13. Los poderes Judiciales de varias provincias del interior lo hicieron. De haber sido así, no hubiésemos tenido que atender ninguno de estos problemas. Pero lo que llama la atención y preocupa aún más, lo hemos mencionado en uno de nuestros comunicados, es que ante la falta de decisión de la máxima autoridad, muchas de las autoridades medias, en vez de subsanar, actuaran aún peor.


La Corte Suprema de Justicia extiende la feria judicial. Crédito: Nicolás Aboaf

Este es el trabajo que nos toca, no solo ante esta situación excepcional, sino cotidianamente. Un trabajo que debiera ser de concientización se torna muchas veces en un trabajo de confrontación ante la falta de conocimiento en gestión, falta de tacto, falta de respeto, presiones y hasta en algunos casos acoso y abuso de poder por parte de algunas y algunos magistrados/as y funcionarios/as para con las y los empleados. Más de una vez, en circunstancias normales, hemos tenido que frenar todo tipo de atropellos a las y los empleados judiciales. La molestia de las autoridades ante nuestra presencia en los lugares de trabajo para garantizar el cuidado de las y los compañeros demuestra una falta de convicción en el cumplimiento de los derechos de las personas. En el fuero del trabajo, esa falta es peor aún, porque es justamente el fuero que debe garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores. Si quienes tienen esa responsabilidad a su cargo no pueden cumplirla con las y los empleados del lugar que dirigen, entonces estamos ante un grave problema que desnuda la realidad de un poder del Estado que se encuentra en una crisis que va aún más allá de los ya conocidos, escandalosos e inaceptables problemas edilicios, hacinamiento, condiciones de trabajo, del sistema informático, etc.


Toda esta problemática vuelve a poner en evidencia la necesidad de reformar profundamente al Poder Judicial. Es una cuestión que se vuelve urgente, tanto para las y los trabajadores judiciales como para las y los justiciables que requieren una justicia que sea eficiente y de fácil acceso a todos los sectores de la sociedad. Lamentablemente, las circunstancias actuales posponen la concreción de esta tarea, pero quizás sea un buen momento para trabajar en su proyección y, mientras todo siga igual, nuestro lugar estará siempre del lado de la defensa de los derechos de los y las trabajadoras judiciales. Estamos dispuestos a explicar una y mil veces a las autoridades cuestiones tan obvias como es el avance de una pandemia a nivel mundial, y también a ponernos firmes y confrontar si a ello nos obligan para frenar cualquier tipo de violación a los derechos de las y los trabajadores. Intentando estar siempre del lado de la sensatez, y haciéndonos cargo de nuestros principios y valores, seguiremos en esta tarea de representación construyendo conciencia colectiva en la base de la clase trabajadora, apostando a que la organización permita con el tiempo la conquista de más derechos.


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