INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Humedales en llamas: el desastre ambiental que no vemos

Hace algunos días, el gobierno nacional decretó la emergencia ambiental debido a los incendios ocurridos en los humedales del río Paraná. Este suceso no se trató de un accidente, sino que es el resultado de una práctica agropecuaria temeraria que se ha convertido en una vieja conocida de la región. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son sus consecuencias ambientales? ¿Qué impacto puede tener para el resto del país?


Por David Bocero Ferreira

La cuenca del Delta: un recurso hídrico fundamental

La cuenca del Delta del Paraná abarca, en su totalidad, alrededor de 17.500 km² y recorre las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. Es una zona de enorme concentración poblacional debido a su proximidad con el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y con las ciudades de Gualeguaychú y Rosario, entre otros importantes conglomerados urbanos. Pero, además, el Delta contiene en sí mismo una variedad de especies de flora y fauna que lo convierten en “una de las áreas con mayor biodiversidad de la Argentina”. Así lo expresa el documento que estipula el plan para su protección, del cual ya hablaremos más adelante.


La importancia de esta cuenca para la región no se basa solo en su biodiversidad (se pueden encontrar 700 especies vegetales de 100 familias, 47 especies de mamíferos, 260 de aves, 37 de reptiles, 27 de anfibios y 172 de peces) ni en su explotación controlada para actividades económicas regionales. Por el contrario, su relevancia radica principalmente en su función reguladora de las aguas. En efecto, a través de los humedales circula gran parte del agua dulce que consumen las personas de toda la región.


Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo para que esta región se haya vuelto noticia en las últimas semanas? Pues bien, en lo que va de este año, y a pesar de la cuarentena, ya se registraron en los humedales tres mil focos de incendio, muchos de los cuales se salieron de control por las sequías que habitualmente afectan a la región y los vientos que desplazan las llamas. A raíz del duro trabajo de las fuerzas de control de incendios, sumado a la preocupación de toda la población aledaña por el humo y de las denuncias de agrupaciones ambientalistas por la muerte de animales y de su hábitat, el gobierno nacional declaró la emergencia ambiental el pasado 13 de junio.

El origen del problema: la ganadería

Lo primero que debemos aclarar al momento de explicar las razones de esta problemática es que los incendios están lejos de ser naturales o accidentales: se producen como consecuencia de quemas intencionales.

La ganadería es una actividad económica que históricamente se ha desarrollado por toda la región del sur de Santa Fe, la provincia de La Pampa y sectores de Buenos Aires. Con la proliferación y el aumento de los cultivos de soja, la actividad ganadera se empezó a desplazar a sitios donde los suelos son menos aptos para el crecimiento del follaje necesario para alimentar al ganado. Una práctica común entre los empresarios de este rubro es la quema “controlada” de amplios espacios de suelo para renovar los pastos y que crezcan los que tienen utilidad comercial. Estas quemas se suelen realizar principalmente al término del invierno y en menor medida durante el otoño. Incluso las Secretarías de Ambiente de las respectivas provincias comprenden que para los ganaderos son muy importantes estas prácticas y, en función de ello, expiden permisos de quema en base a “criterios ambientalistas”. Sin embargo, la mayoría de las veces, los ganaderos se saltean los trámites necesarios y queman enormes cantidades de terreno de manera indiscriminada. Las condiciones climáticas agravan aún más estos incendios y levantan focos en hectáreas que son propiedad de otras personas.

Como puede suponerse, el gobierno nacional está al tanto de esta práctica, y no solo a raíz de lo ocurrido durante estos últimos meses. Se trata de un flagelo que golpea a la región desde hace muchos años. En 2008, a causa de otros incendios que también se salieron de control, el gobierno nacional, en conjunto con las autoridades de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, agrupaciones ambientalistas y universidades nacionales, firmaron un pacto con el fin de proteger este ecosistema de la actividad ganadera, regulando la actividad comercial y buscando que ningún interés en la región se vea afectado. A este plan se lo conoce como Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (PIECAS-DP), y fue renovado en 2014.

Según medios locales, los principales responsables de las quemas en los humedales tienen nombre y apellido, y son productores reconocidos dentro del ámbito rural: Pablo Rufino Baggio; César Perpecto Aguiar; los hermanos Hipólito, Juan y José Maceratesi; los hermanos Alberto, Daniel y Graciela Chiartano; y Luis Carlos Pérez.

Controversias y desafíos legales frente a una amenaza inminente

A pesar de la implementación del plan PIECAS-DP, está claro que las quemas ilegales continúan siendo habituales. De hecho, durante los dos días siguientes a la declaración de la emergencia ambiental, se encontraron cuarenta focos nuevos de incendios en la zona. Por este motivo, el actual reclamo de las agrupaciones ambientalistas es la sanción de una ley de humedales, la cual los declare de interés y así penalice con más fuerza su destrucción.

Por otro lado, cabe mencionar que dentro del mismo sector ganadero hay quienes argumentan que la quema no es realmente necesaria para la aparición de los pastos útiles. Este es el caso de Claudia Maceratesi, presidenta de la comuna de Aldao, quien junto a su ya mencionada familia llevan a cabo la ganadería en la región desde hace cincuenta años y, según explica, muchas veces sus campos se han incendiado por la quema ilegal en otros campos aledaños. Según ella, jamás recurrieron a esta práctica y, así y todo, siempre contaron con los pastos necesarios: “[d]e mi parte, de mis padres y tíos puedo decir que jamás se prendió fuego. Nosotros jamás hicimos una quema como para tener el pasto como la gente. Son alrededor de dos mil hectáreas y el pasto viene solo, no se necesita quemar para que venga el pasto”.


Si esta problemática continúa así, sus consecuencias pueden repercutir en todos los sectores de la sociedad, sin importar la cercanía que tengan con el Delta del Paraná. En efecto, la liberación de gases tóxicos al ambiente, trasladados a donde el viento los lleve, no solo afectan la salud de las personas sino que, además, agravan la cuestión del cambio climático al tratarse de gases de efecto invernadero. A su vez, la degradación de los suelos produce la pérdida y modificación de la biodiversidad y puede intoxicar el agua dulce que va hacia los hogares de las poblaciones urbanas en las que viven cientos de miles de habitantes.


Si de algo nos alerta lo que está ocurriendo es de la urgencia de empezar a plantearnos hasta qué punto la actividad comercial tiene derecho a modificar el ambiente en el que se desarrolla, afectando la vida de todos los seres vivos que habitan más allá de los límites de su propiedad privada. La protección de la salud y de la vida de los animales y de las personas humanas constituye un derecho que debe ser garantizado de manera prioritaria y categórica. Es un debate que aún nos debemos como sociedad y que demanda imperiosamente de acciones concretas.

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