INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Feminicidios en Colombia: una verdadera crisis

“Crisis” es la palabra que ha utilizado el gobierno colombiano para referirse a la pandemia que tiene al país y al mundo entero reinventándose para adaptarse a la “nueva normalidad”. Sin embargo, es una palabra que también puede utilizarse para describir otros hechos que no solo no han tenido solución, sino que empeoran con las circunstancias: hablamos de los feminicidios, que lamentablemente han registrado un porcentaje alto en tiempos de confinamiento.


Por Maria Paula Castañeda Araque, corresponsal de Política en Jaque en Colombia


El Observatorio de Feminicidios Colombia arroja la cifra de 113 feminicidios en el tiempo de la cuarentena (del 16 de marzo al 22 de junio). Es una cifra alta, en el 2019 se registraron en todo el año 571 feminicidios, lo cual nos apunta que los números en el 2020 no solo no bajarán, sino que posiblemente aumentarán. La cuarentena ha hecho que las víctimas se encuentren en una posición aún más difícil ya que deben estar 24/7 con sus agresores, quienes usualmente son su pareja sentimental. De hecho, las principales víctimas de la violencia intrafamiliar en Colombia son las mujeres y los/las/les menores de edad. En particular, las mujeres representan el 86,08 por ciento de las víctimas de violencia de pareja y el 64,59 por ciento de las víctimas de violencia intrafamiliar.


Las cifras anteriormente mencionadas generan rechazo, miedo, tristeza, rabia, pero también incógnitas (las cuales no son tampoco una novedad). Las tantas preguntas que surgen son ¿qué está fallando?, ¿qué más hacer para evitar que estos hechos sucedan?, ¿hasta cuándo se trabajará sobre las consecuencias y no sobre la prevención?


La forma inhumana en que estos feminicidios ha sido perpetrados (empalamiento, violaciones, tortura, incineración, descuartizamiento y demás) evidencian la violencia machista que sigue viendo al cuerpo de la mujer como propiedad del hombre. La trayectoria de los feminicidios representa de principio a fin la violencia, ya sea psicológica, económica, física, laboral, institucional, sexual, entre otras.


Es responsabilidad del Estado dar solución a una crisis como lo es la de los feminicidios, los asesinatos de mujeres solo por su condición de mujer. En Colombia existen diversas instituciones y herramientas para la protección de los derechos de la mujer, como Comisarías de Familia, Defensoría del Pueblo o el Observatorio de Asuntos de Género. Además, hay leyes, decretos y políticas públicas que abordan el tema: la Ley N.° 1850 de 2017 protege al adulto/a/e mayor y penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono; los Decretos 4796, 4793, 4799 de 2011 reglamentan las competencias de las Comisarías de Familia y definen las acciones necesarias para detectar, prevenir y atender integralmente a través del sistema general de seguridad social en la salud a las mujeres víctimas de violencia; y finalmente existe una política pública nacional de Equidad de Género para las Mujeres y un Plan Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. Sin embargo, aun con todas estas herramientas hay mucho por hacer en materia económica, educativa y judicial.


La dependencia económica de las mujeres y la relación de poder que se genera al interior de la pareja es uno de los motivos por los cuales los hombres se creen con el derecho de violentar y también es un factor por el cual las mujeres siguen conviviendo con su agresor. Este es uno de los tantos elementos fundamentales para trabajar la prevención de los feminicidios y la violencia intrafamiliar. Las mujeres siempre se han encontrado en desventaja, el privilegio con el que cuentan los hombres ha sido naturalizado. Aunque a la actualidad son muchos los espacios que las mujeres se han ganado, es necesario que se les garanticen sus derechos como ciudadanas y el ejercicio de ellos; aquí radica el bienestar y una vida digna. Un ejemplo claro de esto es el desempleo: el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) anunció que para el último trimestre del 2019 el desempleo para los hombres fue del 13,3 por ciento y el de las mujeres fue de 23,4 por ciento, mientras que la tasa de ocupación de los hombres llegó a 56,7 por ciento y la de las mujeres de 37,4 por ciento.


Fuente: DANE

Este puede ser uno de los motivos que llevan a las mujeres a desempeñar labores domésticas, que, al ser no remuneradas, muchas veces no son suficientes para un sostenimiento de vida digna. El derecho a ingresos propios es deber del Estado, pero más allá de un ingreso básico es importante la implementación de políticas públicas que realmente cierren brechas y generen igualdad en oportunidades laborales.



En materia de educación ha habido un progreso. Según otro informe del DANE sobre la situación de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en Colombia en el marco de la agenda 2030, la deserción desde preescolar hasta nivel educativo media fue de 10,5 por ciento; desagregado por género y nivel de escolaridad, la tasa fue de 9,5 por ciento para mujeres mientras que la de los hombres fue de 11,5 por ciento para el año 2018. En materia de educación superior (técnicos, tecnólogos, universitarios) la cobertura venía creciendo, pero en el 2018 disminuyó; sin embargo, el porcentaje de mujeres matriculadas entre los 17 y 21 años es mayor que el de los hombres; 48 de cada 100 hombres y 55 de cada 100 mujeres, están matriculadas/os/es para el 2018. No obstante, al sistema de educación aún le falta mucho frente a la equidad de género, tanto en instituciones educativas como en universidades y demás espacios académicos y no académicos. Se suma a esto el enorme tabú que existe frente a educación sexual y los métodos anticonceptivos. Asimismo, falta una educación en emociones desde la niñez donde se enseñe a establecer relaciones sanas con quienes nos rodean, donde haya buena comunicación y un tratamiento adecuado de los conflictos, así como una participación activa de padres y madres en el proceso de formación de sus hijos/as/es.


En tercer término, desde lo judicial nos encontramos con un sistema falto de formación frente al tratamiento de casos de violencia de género. No solo se revictimiza a las mujeres sino que en muchos casos son cómplices, puesto que se ha reportado a funcionarios públicos e integrantes de las fuerzas armadas, entre otros, como feminicidas. Tampoco las rutas de atención están teniendo la efectividad que se necesita: muchas de las mujeres que hoy no estan habían denunciado previamente a su victimario, lo que evidencia que las medidas tomadas por parte del sistema siguen teniendo vacíos y son insuficientes.


A manera de conclusión, es necesario que el Estado comience a resolver las situaciones que refuerzan las violencias contra las mujeres, como lo son el desempleo, la falta de acceso a educación de género, el sistema judicial patriarcal y en general el descuido de la salud física y mental. Así, un trabajo desde la prevención podría evitar llegar al fatídico feminicidio. Esto se lograría a través de un trabajo articulado entre todas las instituciones y manteniendo una constante evaluación. La flexibilidad es fundamental, porque si la ruta que se ha trazado no está dando solución y no está generando cobertura (teniendo en cuenta que no es lo mismo la realidad que vive una mujer indígena, afro, campesina o citadina), es necesario replantear y cambiar el rumbo para poder resolver esta problemática.


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