INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Cambio climático y estado capitalista

¿Se puede lograr un cambio real al margen de los estados capitalistas? Ley de bosques y gobiernos llamados progresistas no parecen ser suficientes para detener el avance de las empresas sobre la explotación indiscriminada de recursos naturales.



Los gobiernos argentinos tienen un historial de destrucción de los recursos naturales. La única razón por la cual avanzan en ese sentido es la de ser fieles custodios del incremento de la tasa del beneficio capitalista. Esta destrucción, lejos de redundar en algún beneficio, al menos momentáneo, para las mayorías populares, ha significado un factor más de afectación de las condiciones de vida de las masas.


Solo para ofrecer un par de ejemplos, tuvimos el veto a la ley de glaciares por parte de Cristina Fernández de Kirchner en beneficio de un puñado de empresas mineras o el reciente fallo de la Suprema Corte de Entre Ríos viabilizando el uso indiscriminado de agrotóxicos para sostener un monocultivo con el que no solo se destruyen vidas humanas sino también la capacidad fértil de la tierra; un fallo a la medida de las declaraciones que Macri hizo en su momento cuando se limitó la fumigación.


No se trata de desconocimiento ni de formación, se trata de la depredación capitalista. Sin enfrentar el principio de la ganancia capitalista no hay ninguna posibilidad de modificar ni las pautas de consumo guiadas por esa misma lógica (ganadería), ni el afán por extraer riquezas de la manera más barata posible, aun a costa, no solo del medio ambiente, sino de la flexibilidad laboral y hasta de la esclavización de seres humanos.


Solo en un periodo inferior a los dos años, ocho obreros de Vaca Muerta murieron como fruto de la aplicación de un convenio que flexibilizó las normas de seguridad para otorgar una tasa de beneficio mayor a los inversionistas, los que practican el fracking que los gobiernos verdes y con economías circulares impiden en sus territorios para practicar fuera de ellos. Muchos otros muertos de esta depredación son aún más anónimos, como ocurre con las poblaciones víctimas de los métodos mercenarios para promover su desplazamiento.


Hecha la ley, hecha la trampa.


En la ley de ESI, un cuerpo jurídico progresivo que responde a la necesidad de terminar con contenidos reaccionarios y retrógrados en ese terreno, se colocó el artículo 5, un salvoconducto para que la iglesia y cada institución pudiera disponer impartir contenidos propios. Lo mismo ocurre con la Ley de Bosques.


La comparación vale porque se trata de reclamos populares que hoy concentran un gran interés, particularmente de la juventud. La ley de bosques, partiendo de un planteo adecuado de preservación de los mismos, habilita a la más completa arbitrariedad por parte de las provincias a la hora de modificar los criterios bajo los cuales se determina la deforestación de territorios. En favor de la soja o de la industria papelera y sus cultivos de eucaliptus, en los últimos 10 años se deforestaron más de 2 millones 400 mil hectáreas, con gobiernos provinciales modificando a la carta (al gusto del empresario de turno) los límites deforestables, algo que no solo significa la ruptura del equilibrio ecológico sino el desplazamiento de poblaciones.


En definitiva, la lucha por impedir que el cambio climático termine con las posibilidades de vida de la humanidad es necesario poner en jaque el móvil por el cual se procede a esa destrucción.


Debates de este tipo resultan a mi entender fundamentales para avanzar en un movimiento que cumpla con sus más humanos objetivos, defender a esta humanidad de un destino de barbarie.


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