INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

Al enemigo ni justicia

“Ojo por ojo, diente por diente”. Así se puede resumir la ley del Talión utilizada por varios sistemas jurídicos a través de la historia: en el Código de Hammurabi del siglo XVIII a.C., en la normativa mosaica expresada en el Antiguo Testamento, en el antiguo derecho germánico, etc. Este principio consideraba que la venganza privada, en tanto sea proporcional al crimen cometido, “sanaría” la lesión perpetrada en contra de los bienes jurídicos protegidos (vida, salud, propiedad, etc.).


Por Luis Esquivel


Esta concepción jurídica se vio desplazada paulatinamente con la creación e institucionalización progresiva de un sistema punitivo. El poder punitivo, como toda concentración de poder, no es en principio bueno o malo. Sin embargo, mientras no encuentre limitaciones llevará indudablemente al abuso en su ejercicio (en perjuicio de los que se encuentren sometidos a él).


El ejemplo más claro de ello es la Inquisición: se instauró un proceso en el cual el tribunal se constituye como parte, acusador, y juez (con poca o nula imparcialidad), que funciona con procedimientos escritos y secretos, y en el cual el acusador se encuentra habilitado a utilizar cualquier medio para obtener la verdad histórica y sancionar a quienes violentaron las normas. Creo que es innecesario describir los horrores cometidos a la luz de las hogueras por la nefasta maquinaria de tortura de este proceso.


Con la instauración del Estado de Derecho y el reconocimiento de los Derechos Humanos, el poder punitivo empezó a encontrar sus límites con mayor precisión. En el caso de Argentina, la Constitución y las normas inferiores y concordantes reconocen una serie de garantías mínimas. Entre ellas se encuentran 1) la diferenciación del órgano acusatorio con el órgano que juzga (MInisterio Público y Poder Judicial); 2) se reconoce que quien juzgue debe ser un juez natural, imparcial, impartial e independiente; 3) se establece la obligatoriedad del debido proceso basado en una ley anterior al hecho delictivo; 4) declara la inviolabilidad epistolar y del domicilio; 5) torna obligatorio el derecho a la defensa en juicio; 6) establece que las prisiones no tendrán fines punitivos y prohíbe en ellas los malos tratos; y 7) se reconoce que la libertad ambulatoria del imputado durante el proceso es la regla, dado que aún conserva su estado de inocencia. Estado que se mantiene hasta que el mismo sea destruido en forma rotunda por una sentencia firme.


La única excepción al séptimo punto expuesto es la prisión preventiva, reglamentada por los Códigos procedimentales. Sólo puede ser dictada por el juez en caso de existir peligro de fuga y/o entorpecimiento de la investigación. Asimismo, -conforme la Doctrina Irurzun- puede dictarse en contra de ex funcionarios que aún conserven poder político o influencia que puedan perjudicar la investigación.


Estas garantías se encuentran reconocidas, ampliadas y reafirmadas en una serie de instrumentos internacionales firmados por Argentina –algunos de ellos con jerarquía constitucional–, por ejemplo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etc.


Observo con preocupación, en conversaciones cotidianas y en los medios, justificaciones al atropello de estas garantías procedimentales. Se reclama por una “mano dura”, se legitima el uso de la venganza privada mediante los linchamientos, se reclama el uso irrestricto de la prisión preventiva en contra de “el corrupto”, “el inmigrante”, el “motochorro”, “el ladrón”, en fin, en contra del “enemigo”. Es decir, se reclama por la instauración de un Derecho Penal del Enemigo.


Se desconoce en estos reclamos las violaciones a los Derechos Humanos básicos cometidos en el marco de los proceso judiciales y en el sistema penitenciario en los últimos años. Sin ir más lejos, aproximadamente la mitad de la población carcelaria está compuesta por imputados con prisión preventiva: es decir, personas inocentes privadas de su libertad. Se puede mencionar el funcionamiento clasista (y en algunos casos machista) de la justicia, se ha criticado (por referentes nacionales e internacionales) el avance dispar de causas de corrupción según el signo político del imputado.


Las garantías procesales no son un invento de un juez o de un político, ni son producto del capricho de algún Presidente o partido. Son el resultado de un proceso histórico que tiene como fin el respeto de los Derechos Humanos de todos los habitantes de la Nación.


¿El sistema penal está en crisis? Si ¿Debe mejorar? Por supuesto. Debemos exigir al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial mayor transparencia, mayor celeridad, y políticas concretas para afianzar el Estado de Derecho en el sistema penal (respetando los derechos del imputado y de la víctima).


Claro que indigna la impunidad, la corrupción y la inseguridad. Pero no por ello debemos justificar el atropello de las garantías procesales. No quisiera cerrar esta reflexión sin mencionar un caso importante de nuestra jurisprudencia: el caso de Juan Carlos Bayarri. Fue imputado por un delito en la década de los 90 y sometido a un proceso penal de más de una década, y en el cual estuvo 13 años en prisión preventiva. ¿Cómo finalizó el caso? Fue absuelto en 2004. Nuestro sistema penal en plena democracia sometió a 13 años de prisión a un inocente.


Pensar que hoy tenemos cientos de Bayarris, inocentes privados de su libertad -días, meses, años que nadie les devolverá- que no deberían sernos indiferentes. Dado que aunque nos falte empatía, no podemos desconocer que el inocente privado de su libertad podríamos ser nosotros o alguno de nuestros seres queridos.


Esto nos deja con el desafío de pensar qué reclamamos: una mejor Justicia en el marco de un Estado de Derecho republicano y democrático o el regreso de los tribunales inquisitivos y la irracional venganza privada. Sólo debemos recordar al elegir que las garantías procesales están dispuestas para proteger a todos los habitantes de la Nación y que hace cuatro décadas hemos visto que sucede si las eliminamos.


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