INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

¿A qué se enfrenta América Latina?

La tarea de gobernar se complejiza cuando la crisis del coronavirus ha hecho que los Estados latinoamericanos deban no solo afrontar la emergencia sanitaria con los escasos recursos que poseen, sino también tener en cuenta aquellos problemas ya presentes en la región, agudizados por la contingencia.


Por Rocío Aráoz y María Camps


A partir de febrero del presente año, la crisis del COVID-19 se ha ido expandiendo progresivamente en América Latina, registrando a la fecha más de un millón y medio de casos confirmados, según los datos provistos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La misma fuente evidencia que los países más afectados de la región son Brasil, Perú y Chile. Estos suman un total mayor al de un millón doscientos mil casos confirmados, casi un 80% de los casos de la región. Los efectos económicos y sociales de la pandemia serán distintos debido a la existencia de desigualdades estructurales derivadas de la calidad y el acceso a los sistemas de salud, el hacinamiento en los barrios pobres, las condiciones laborales, y demás factores, tal como menciona el Comité de Oxford de Ayuda Contra el Hambre (OXFAM, confederación de ONGs). El impacto de la crisis y la alta interdependencia de la región latinoamericana, permite ver la cooperación como opción que no debe dejarse de lado para incrementar la capacidad de respuesta frente a la contingencia. Debido a los problemas ya presentes en la región como los altos niveles de pobreza, las recurrentes crisis económicas y sociales y al hecho de que la crisis excede la materia sanitaria, es requerida una respuesta integral que vaya más allá de la emergencia. De esta manera, se podría afrontar el complejo contexto de una manera conjunta y eficiente.


El impacto económico y social

A pesar de la incertidumbre, ya son evidentes las consecuencias que está generando la crisis a nivel económico, social y político. En función de las previsiones elaboradas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se reconoce que la pandemia se presenta en la región en un momento de debilidad económica y vulnerabilidad macroeconómica. A su vez, llega en un contexto de bajo crecimiento y grandes niveles de desigualdad, donde se proyecta un nivel de pobreza extrema de un 13%, aproximadamente más de 15 millones de personas adicionales resultan afectadas. Esto profundizará el gran descontento popular que, en parte, pudo observarse en las múltiples manifestaciones sociales que atravesaron a la región en el año 2019.


Para pensar el impacto económico hay que tener en cuenta que la región de América Latina es un área que se encuentra limitada en términos de recursos y en su margen de acción económico. Atender la crisis en la actualidad significa priorizar el coronavirus destinando la mayor cantidad de recursos posibles. Cabe destacar que gran parte de estos recursos eran invertidos, antes de la situación, en otras áreas ajenas al ámbito sanitario. Ante la urgencia de garantizar las líneas de suministros y la provisión de insumos, el alistamiento de las instalaciones hospitalarias o sanitarias y la necesidad de asegurar personal de salud suficiente para estar en la línea de respuesta, la focalización de recursos se ubicó de manera distinta. Sin embargo, la problemática que vive la región va más allá de la emergencia sanitaria.


Debido a la ralentización que sufrió la actividad económica, como consecuencia del cierre de fronteras y las medidas preventivas, la CEPAL estima que el PBI regional sufrirá una caída de hasta 5,3%. El detrimento de la situación económica repercutirá en la condición de millones de latinoamericanos que se encontrarán en una situación de mayor vulnerabilidad. En resumidas cuentas, la CEPAL argumenta que será la causa de la mayor crisis económica y social de la región, con impactos muy negativos en el empleo, la pobreza y la reducción de la desigualdad.


Se proyecta que la pobreza en América Latina aumentará en 4,4 puntos porcentuales. Esto significa que alcanzará un nivel mayor al 34% de la población latinoamericana, aproximadamente unos 214 millones de habitantes. De todas maneras, estos valores varían en función de los respectivos países. Por otro lado, las previsiones de desigualdad social siguen esta tendencia, se proyecta un incremento variante de la desigualdad, entre el 0,5%y el 6,0% del índice de Gini según los distintos países, y afectaría fuertemente a Argentina, Brasil, México, Ecuador y Uruguay. Este panorama implicaría un retroceso de 13 años en la región.


La complicada situación de miles de latinoamericanos, a causa de la pérdida o paralización de su trabajo, implicó que el Estado asista y brinde soporte a esa parte de la población, tomando diferentes medidas como las transferencias monetarias implementadas en Argentina (con del Ingreso Familiar de Emergencia) y en el Estado Plurinacional de Bolivia (a través de la creación del Bono Familia).


Por fuera de las medidas preventivas que se han implementado (o no), la situación de las personas que presentan situaciones carenciadas y no pueden satisfacer sus necesidades diarias sin trabajar, condiciona el cumplimiento de las mismas. Esta población está más expuesta frente a la pandemia, ya sea por las condiciones en las que vive, o por las posibilidades que posee para acceder a servicios básicos de calidad. Como menciona el Comité de Oxford de Ayuda Contra el Hambre, medidas básicas, como lavarse las manos o evitar el contacto físico, son difíciles para el 21% de la población urbana latinoamericana que vive en barrios marginales donde muchas viviendas no cuentan ni siquiera con acceso a agua dentro de ellas. Podemos decir que la crisis agudizó las debilidades de nuestro sistema y estructura social.


¿La pandemia vicia a la democracia?

Los efectos de la pandemia han profundizado las expresiones de malestar y desconfianza hacia los gobiernos democráticos poniendo en riesgo la cohesión social. En este contexto, reaparece el debate sobre aumentar las capacidades y poderes del Estado; ya que se plantea la responsabilidad del mismo para dar una respuesta y garantizar la subsistencia de su población. Esta cuestión resulta importante si pensamos en las prácticas que se han ido desarrollando para paliar la contingencia y los riesgos que pueden suponer para el régimen democrático.


Con la convulsión social ya presente en la región desde el año pasado, la pandemia y las medidas tomadas al respecto no parecen ser aceptadas por igual en los distintos países. En El Salvador, las medidas preventivas tomadas por la administración de Bukele no solo han sido criticadas por ir en contra de los derechos y libertades de los ciudadanos, sino que también han generado un gran descontento social. En Chile, se han implementado restricciones a la libertad de expresión mediante la detención periodistas, que buscan informar a la ciudadanía, y una creciente militarización de la vida social.


Frente a la tendencia del incremento de poder en el Ejecutivo para la toma de decisiones, debe procurarse que no se debiliten los mecanismos de control (como la separación de poderes) y las instituciones que garantizan la transparencia e integridad, en pos de evitar prácticas corruptas que vicien la democracia tal como plantean los autores Bitar y Zovatto. Un caso a analizar es la República Argentina, donde la administración de turno ha sancionado un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) en el que se confiere los denominados “superpoderes” al jefe de gabinete de la Nación en materia presupuestaria, con la excusa de atender la pandemia, como se menciona en el diario La Nación. La oposición lo calificó como un avasallamiento de la facultad que le corresponde al Congreso, exacerbando el hiperpresidencialismo.


También, se puede plantear una disyuntiva entre la necesidad de tomar medidas preventivas —como toques de queda, estados de emergencia, restricciones al movimiento, etc— y el impacto que generan en materia de derechos humanos. Los autores mencionan que, a pesar de la justificación de las medidas tomadas, no solo debe ejecutarse un control sobre estas para evitar cualquier tipo de abuso, sino que además debe garantizarse la cesación de las mismas una vez que termine la emergencia. El combate al COVID-19 no justifica, en ningún caso, poderes de emergencia ilimitados y exentos de control. Los efectos sobre el sistema democrático, entonces, no serán uniformes. “Lo que urge es adoptar medidas, compatibles con la democracia, que doten a los sistemas políticos y las instituciones de mayor efectividad para proveer bienes y servicios públicos, administrar la incertidumbre y enfrentar la crisis”.


Regionalismo

Como hemos aludido, las pandemias como el coronavirus “propulsan la inequidad, menoscaban los logros económicos de los países y de su ciudadanía, y obstaculizan los objetivos y programas de desarrollo sostenible”. En esta situación crítica, y en consideración del carácter global del fenómeno, reluce la importancia del Estado para gestionar las políticas públicas al interior de sus fronteras y para cooperar con los demás países. De esta manera, los Estados deben hacer que sus políticas internas y sus decisiones tomadas coincidan con el panorama internacional, para poder dar una respuesta adecuada y coordinada a la amenaza del COVID-19 y mitigar sus efectos en la mayor medida posible.

Tal como plantea Herrero, el proceso de globalización otorgó a la salud un nuevo lugar en la agenda de la cooperación regional. Hoy en día, la crisis derivada de la pandemia ha expuesto los profundos lazos de interdependencia que unen a los Estados y la importancia de la materia sanitaria en las relaciones internacionales, ya que las “políticas de salud se convirtieron en estrategias esenciales para combatir la pobreza y reducir las desigualdades”. A principios del siglo XXI, se redefinieron los contornos de la gobernanza regional, focalizando en las políticas sociales, donde la salud cobró gran importancia dentro de los temas de la agenda, como plantea Herrero. Sin embargo, a partir de 2010, las políticas más nacionalistas comenzaron a abrirse paso nuevamente en la región. Actualmente, la crisis del COVID-19 llega a una América Latina débil en gobernanza regional y sin parámetros comunes para hacerle frente. “En su lugar, se responde con decisiones unilaterales e incluso defensivas, muchas veces en detrimento de los países vecinos”.


Hoy en día, la región se presenta dividida. Riggirozzi plantea que el distanciamiento político entre los diversos países y la notoria falta de liderazgo son obstáculos para la implementación de políticas concertadas en términos de gobernanza regional sanitaria. El avance del coronavirus en la región genera una amenaza “que tendrá consecuencias, no solo en términos de morbilidad, mortalidad e impacto en los sistemas de salud, sino también en la actividad económica y en la movilidad de la población, todo lo cual requeriría respuestas en múltiples niveles de gobernanza”. En consecuencia, es importante lograr un accionar coordinado, que supere el unilateralismo, para poder responder a la crisis y afrontar los nuevos desafíos que van a surgir una vez que la contingencia se haya apaciguado.


Pensar una respuesta conjunta

En América Latina se juega un nuevo episodio de la batalla global contra el COVID-19 que pondrá a prueba las capacidades nacionales y regionales para afrontar un desafío que va mucho más allá que una crisis sanitaria. Las diferentes respuestas que se han dado hasta ahora ponen en cuestión la capacidad de coordinación regional y dejan al descubierto la fragilidad de las instituciones y del modelo social (Ayuso, 2020 p:1).

Los organismos internacionales juegan un rol importante; Riggirozzi menciona que tienen la capacidad de armonizar políticas en una estrategia regional y traducirlas a los entornos locales. Por instancia, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realiza la bajada de línea en materia sanitaria e impulsa la coordinación técnica entre los países de las Américas. Por otro lado, el Mercosur ha destinado fondos para financiar la investigación aplicada a la salud y aumentar la información disponible para los países. Así también, organismos internacionales financieros como el Banco Mundial, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros, han desarrollado programas para apoyar a los países endeudados y condicionados en materia fiscal que tendrían problemas para atender a sus deudas y costear el gasto público en salud y protección social.


Un impedimento que encontramos en la implementación de una estrategia regional es la tendencia de “gestionar la crisis sanitaria con políticas de puertas adentro, que impulsan un renacimiento nacionalista que considera que la seguridad nacional está amenazada”. Por otro lado, las diferentes tendencias ideológicas de los gobiernos son posibles de observar discursivamente, y mediante sus prácticas frente al coronavirus, con las que generan divisiones que no permiten concertar una respuesta regional. Un ejemplo de contraste puede encontrarse en declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El primero ha dicho que “las conductas irresponsables o desafiantes frente a las recomendaciones, lo único que traen es un daño para toda una sociedad”. Mientras que Bolsonaro, incumpliendo todas las medidas de prevención, argumenta que la cuestión está sobredimensionada y es una lucha de poder donde peligran las economías. A su vez, aludió que si él se contagiara sería, como mucho, una gripecita. Su accionar podría menoscabar las medidas que otros gobiernos están tomando en lineamiento con las recomendaciones hechas. Debido a ello, es propicio que los Estados trasciendan el distanciamiento político en pos de atender la crisis de una manera que pueda ser beneficiosa para todos.


Conclusión

Los elementos aquí presentados nos permiten observar un poco del panorama al cual nos podríamos enfrentar y al que tendríamos que responder en una situación de crisis. Los múltiples impactos de la pandemia agudizan las desigualdades. Además, se le suma que las capacidades limitadas de los Estados exigen un esfuerzo a través del multilateralismo y la cooperación, ya sea con los demás Estados u organismos internacionales, en pos de mitigar los efectos negativos de la pandemia. Esta situación no debería ser utilizada para ignorar otras necesidades igual de apremiantes para la región. En la emergencia que supone el manejo de la crisis, la importancia de defender la democracia no deja de estar vigente, debería ser un reclamo que no se relegue a la ciudadanía.


Bibliografía


AYUSO, A. (2020) “Desigualdad en América Latina frente a la crisis del coronavirusCIDOB: opinión.


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