INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN

A 35 años del Juicio a las Juntas

Hace 35 años comenzaba un hecho casi inédito en la Justicia global, el Jucio a las Juntas. Ese 22 de abril de 1985 derivaría, en diciembre de ese año, en la culpabilidad de Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Agosti por crímenes de lesa humanidad e inauguraría un derrotero que ya tiene más de 900 condenas.


Por Lisandro Machado


Crédito: EFE

Para comprender lo que hoy se conmemora, un primer paso es ponerle nombres y números al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional que gobernó de facto Argentina durante 1976 y 1983. Por primera vez en la historia, el golpe de Estado a la presidenta vigente, por entonces María Estela Martínez de Perón, fue efectuado por las tres Fuerzas Armadas integradas en una Junta Militar. Quienes la conformaron desde ese 24 de marzo fueron Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, comandantes generales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea respectivamente; y fue Videla quien tomó el cargo de Presidente[1]. En total, hasta el final de la dictadura pasarían cuatro máximos mandatarios y otras dos juntas más, desfilarían como jefes nombres como Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Rubens Graffigna, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo. El resultado: 30 mil detenidos desaparecidos (en su mayoría de las filas de agrupaciones peronistas o comunistas y familiares o amigos), entre muchos otros crímenes de lesa humanidad tales como robos de bebés y los llamados “vuelos de la muerte”.


Tras la vuelta de la democracia, el camino hacia el juicio y castigo estuvo lleno de obstáculos propios de las esquirlas que quedaban de las Fuerzas Armadas otrora en el poder. El 13 de diciembre de 1983, tres días después de asumir como presidente, Raúl Alfonsín dictó el Decreto 158/83[2] ordenando el procesamiento a todos los integrantes de las Juntas Militares. Luego, el 15 creó por la misma vía la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) para investigar las violaciones a los derechos humanos perpetrados por el gobierno de facto. El resultado fue el ya conocido reporte Nunca Más, de 50 mil páginas, publicado como libro en un resumen de 500 páginas por Eudeba el 30 de noviembre de 1984. Este mismo documentaba 8961 desaparecidos y 380 centros clandestinos de detención.[3]


Nunca Más, portada original

Que pasara de diciembre del 1983 a abril del 1985 sin comenzar el juicio fue por la demora planteada por los Tribunales Militares, quienes en aquella época eran los únicos capaces de juzgar acciones de integrantes de las Fuerzas Armadas por cualquier delito que se les acusara. De hecho, el 25 de septiembre de 1984, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas difundió un escrito donde decía, entre otras cosas, que "se hace constar que, según resulta de los estudios realizados hasta el presente, los decretos, directivas, órdenes de operaciones, etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables"[4]. En consecuencia, el 4 de octubre de 1984 el Tribunal Civil de la Cámara Federal dictó que se los juzgara en ese cuerpo, apartando al Militar.


Así, por fin, el 22 de abril de 1985 pudo comenzar el Juicio a las Juntas. Presidieron el Tribunal en rotación semanal los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio y obraron de fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo. Durante el alegato, Strassera pronunció su tan conocida frase: “Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: nunca más”[5]. El 9 de diciembre, el Tribunal entendió que las Juntas Militares habían incurrido en delitos de lesa humanidad como homicidios, privación ilegítima de la libertad y torturas y condenó a Videla y Massera a cadena perpetua, a Viola a 17 años, a Lambruschini a ocho, a Agosti a cuatro y medio y absolvió a Galtieri, Graffigna, Lami Dozo y Anaya.


Crédito: Eduardo Longoni

Casi sin antecedentes previos de juicios similares, más que los de Núremberg y los de Camboya, el Juicio a las Juntas fue inédito en la región y en el mundo. Y tras este, comenzó un derrotero de procesos judiciales que buscaron apresar al resto de los responsables de las Fuerzas. Tras los levantamientos de los carapintadas, el 24 de diciembre de 1986 fue dictada la Ley de Punto Final que daba cierre a las acusaciones de desaparición forzada a integrantes de las Fuerzas y el 4 de junio de 1987 la Ley de Obediencia Debida que impedía juzgar a militares con rango menor a coronel, por considerar que seguían órdenes. Ambas leyes paralizaron los enjuiciamientos y, completando las llamadas Leyes de Impunidad, entre el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990, el por entonces presidente Carlos Menem dictó diez decretos indultando a militares y civiles, incluidos los condenados por el Juicio a las Juntas. Todo esto sería recién anulado entre 2003 y 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner. [6]


Finalmente, en 2005 comenzaron nuevamente a formularse los pedidos de elevación a juicio de muchas causas hasta entonces paralizadas y en 2006 llegaron los primeros fallos. Hoy son más de 900 las condenas en diversas causas y por muy variados delitos, incluyendo dos o más cadenas perpetuas para muchos. Gracias a esto, algunos genocidas terminaron sus días en cárceles, como es el caso de Videla. Además, hay 20 causas abiertas[7]. Como dijera el año pasado Dante Vega, titular de la Oficina de Persecución de Delitos de Lesa Humanidad de la Justicia Federal para Cuyo, “la persecución no va a terminar mientras quede un miembro del aparato terrorista suelto”[8]. Aunque en los últimos años hubo algunas avanzadas, como intentar darle el beneficio del 2x1 a culpables de crímenes contra los derechos humanos[9] o aprovecharse del coronavirus para pedir prisión domiciliaria[10], esos recursos no avanzaron y la Argentina sigue siendo ejemplo en la doctrina del juicio y castigo al terrorismo de Estado.

Fuentes:


[1] Si bien excede la exposición de este artículo, para más información sobre la primera Junta Militar, la Biblioteca Nacional de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires tiene publicado en su web el escrito Documentos Básicos y Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional que explica las bases de la dictadura cívico militar.


[2] Decreto 158/83. Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina. 15 de diciembre de 1983.


[3] Ginzberg, V. y Dandan, A. (2007) El Nunca Más y los crímenes de la dictadura. Buenos Aires, Argentina: Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.


[4] Antes del juicio: suspenso y acción. (28 de septiembre de 2003). Lavaca.org.


[5] Video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Dzqqim8ZEj0


[6] Declaran nulos e inconstitucionales los indultos de Menem a represores. (20 de marzo de 2004). La Capital: Política.


[7] Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. (2020). 24 de marzo: la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad actualizó los datos sobre el proceso de juzgamiento. Buenos Aires, Argentina: Ministerio Público Fiscal. Recuperado de https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/24-de-marzo-la-procuraduria-de-crimenes-contra-la-humanidad-actualizo-los-datos-sobre-el-proceso-de-juzgamiento/


[8] Gordillo, V. (22 de marzo de 2019). Los juicios de lesa humanidad, sin punto final. Unidiversidad: Sociedad.


[9] Benefician con el 2x1 a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. (3 de mayo de 2017). Página 12: El País.


[10] Le rechazaron la prisión domiciliaria al genocida Mazzaferri. (21 de abril de 2020). Uno Entre Ríos: Coronavirus.

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